"Hoy [el 8 de noviembre] estoy sumamente preocupado por la vida y seguridad del personero [funcionario de DDHH] Herner Carreño, quien según la información que tenemos habría recibido amenazas", dijo Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La ONU espera que el Estado "brinde todas las garantías y medidas de protección inmediatas" a Carreño, añadió Brunori, que se reunió con él para conocerlos detalles de las amenazas y las denuncias de reclutamiento forzado de niñas y niños en Puerto Rico (departamento de Caquetá) por parte de grupos armados ilegales.
El crimen de ocho niñas y niños de entre 12 y 17 años fue denunciado el 5 de noviembre.
por el senador Roy Barreras al presentar una moción de censura al ministro de Defensa, Guillermo Botero, por ese operativo y otros crímenes que involucran a militares.
Los menores murieron en septiembre en un bombardeo militar a un campamento de disidentes de la disuelta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que el Gobierno presentó como un "éxito" al anunciar 14 combatientes dados de baja.
Botero renunció el 6 de noviembre, pero defendió la acción de las Fuerzas Armadas, al igual que los jefes militares, asegurando que ignoraban la presencia de niños.
El derecho internacional humanitario determina que la muerte de civiles por parte de actores armados en situaciones de conflicto constituye un crimen de guerra.
Brunori recomendó al Gobierno de Colombia cumplir todos los estándares del derecho internacional relevantes para garantizar "los mayores" niveles de protección posibles para los niños, niñas y adolescentes que sufren los efectos de la violencia.
