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    El fraude detrás de la idea de fraude en las elecciones de Bolivia

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    Tensa situación en Bolivia tras las elecciones generales (106)
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    No ha existido fraude en Bolivia, asegura Héctor Arce, ministro de Justicia, en entrevista con Sputnik en La Paz. Lo sabe Carlos Mesa, el dirigente opositor que perdió en las urnas el 20 de octubre y por eso rechaza la auditoría internacional que comenzó el jueves 31 de octubre en el marco de un aumento de la violencia opositora.

    No hubo fraude en las pasadas elecciones del 20 de octubre que dieron por ganador a Evo Morales por sobre Carlos Mesa, quien se presentó a través del partido Comunidad Ciudadana. Lo afirma el ministro de Justicia, Héctor Arce, quien responde a la entrevista en una Bolivia al filo debido a la decisión de la derecha de no reconocer los resultados, aun sabiendo que no ha habido ningún fraude.

    "Lo que aquí ha pasado es una terrible injusticia, una movilización innecesaria de la gente, es haber paralizado ciudades y departamentos, convulsionado la nación, haber atentado contra la vida de los bolivianos, solamente para sostener una falsedad, ¿dónde está el fraude? ¿un solo elemento?", se pregunta Arce.

    El ministro señala dos elementos centrales. En primer lugar, que Mesa y su partido no han presentado "ninguna prueba de fraude, ninguna solicitud ante ninguna instancia ni judicial ni administrativa, no hay absolutamente nada, ni una prueba ni un documento". En segundo lugar, que Comunidad Ciudadana validó todo el proceso electoral, cada paso de la votación, de los conteos y actas.

    Arce se detiene a explicar el funcionamiento del proceso electoral boliviano para mostrar cómo el partido de Carlos Mesa no solamente aprobó todos los pasos, sino que además sabe, en virtud de eso, que no ha existido ningún fraude, insiste.

    De acuerdo a la ley del régimen electoral del país, al finalizar el proceso de votación, se realiza el proceso de cómputo en presencia de los jurados, el notario electoral y los delegados de los partidos acreditados. Los votos son anotados públicamente en una pizarra y el resultado queda plasmado en un acta firmada por las tres partes.

    "Comunidad Ciudadana, con más de 30.000 delegados, ha firmado casi el 100% de las actas de las 34.555 mesas; no han presentado ninguna denuncia u observación en ese momento que es cuando se hacen reclamos o se pide la nulidad de una mesa, han validado todo", resalta el ministro de Justicia.

    Una vez que las actas son aprobadas se realizan 12 copias: Comunidad Ciudadana tiene copia de todas las actas. La principal es enviada con un sistema de seguridad a la sede departamental del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde se abre en presencia de los partidos, y se valida acta por acta, hasta que el total es enviado al centro de cómputo nacional.

    ¿Cómo puede ser entonces que luego Carlos Mesa denuncie fraude? Porque es una mentira, según el ministro. Por eso, afirma, Mesa está en desacuerdo con la auditoría de la OEA durante 12 días con presencia de 30 enviados internacionales. "Se niega porque tiene las copias de las actas y sabe que ha perdido por más del 10%", sostiene.

    La legalidad y la legitimidad

    "Lo legal es clarísimo, irrefutable", ratifica Arce. Sin embargo, la legalidad no es igual a la legitimidad, y lo que está bajo cuestionamiento es tanto lo legal como lo legítimo. Eso se debe a la estrategia de la oposición que instaló la matriz del fraude desde antes de las elecciones para irradiar esa idea con fuerza en la sociedad, así como a lo que el ministro califica como un error del TSE.

    "Ante un aparente error que ha cometido el TSE, y hay que reconocerlo, de haber suspendido el conteo rápido al 83% y haberlo habilitado al día siguiente, se ha generado una sensación totalmente incorrecta de que había habido un fraude", señala.

    ¿Por qué el TSE se equivocó? "Tiene que explicarlo el TSE", defiende Arce. Sin embargo, el conteo rápido nunca fue el resultado final y formal, el que, como explicó el ministro, transcurre según una serie de pasos que fueron validados por la oposición.

    Ante esa crisis, "el Gobierno, a solicitud del TSE, ha pedido una auditoría completa". Los 30 representantes internacionales ya están en el país para el trabajo de 12 días. "Hay representantes de países europeos, latinoamericanos, que participe quien quiera participar, las puertas están abiertas, aquí no se teme nada", refuerza.

    El ministro resalta además el carácter vinculante de la auditoría: "lo que podría proceder es una segunda vuelta si es que hay un error en el cómputo y que Evo Morales no ha superado por más de 10%; es lo que manda la Constitución, pero aquí no se puede hablar de anulación de elecciones, de renuncia del presidente", dice.

    Un "intento de golpe de Estado"

    Para el ministro, lo que está en marcha es "un intento de golpe de Estado". La estrategia de Mesa y los diferentes dirigentes de la oposición es construir "una situación de convulsión generada por la intencionalidad de crear una desestabilización en el Gobierno legalmente constituido", denuncia Arce.

    En ese escenario debe entenderse la violencia desplegada el jueves por la noche en el centro de La Paz, o la que se ha generado en Santa Cruz, donde dos hombres perdieron la vida.

    "Es terriblemente lamentable que se pierdan vidas humanas, la razón de la existencia del Estado es la protección de la vida; hemos exigido una profunda investigación para dar con los autores y tener una sanción ejemplificadora, esto sin importar que sean de un grupo o de otro", concluye.

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    Tensa situación en Bolivia tras las elecciones generales (106)
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    oposición, protestas, elecciones generales, Bolivia
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