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    La Ciudad de Panamá, archivo

    Diputada: panameños protestan porque exigen un borrón y cuenta nueva

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    SAN SALVADOR (Sputnik) — El pueblo panameño seguirá en las calles hasta que los poderes del Estado decidan escuchar a una ciudadanía que no quiere una reformas que nadie le consultó, aseguró a Sputnik la diputada istmeña Walkiria Chandler D'Orcy.

    "Las manifestaciones seguirán todos los días hasta que el Gobierno quiera escuchar a ese pueblo que ya dijo que no quiere estas reformas, y si el gobierno insiste y las lleva a referendo, que se vote en contra", aseguró a esta agencia la diputada suplente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Panamá.

    Miles de ciudadanos se manifiestan desde mediados de octubre en contra de un paquete de reformas a la Constitución de la República, que data de 1972, en medio de reclamos de una asamblea constituyente originaria que borre la corrupción institucionalizada.

    "El pueblo quiere un borrón y cuenta nueva, porque la corrupción se ha justificado en el sistema, pero eso no fue lo que decidió el país", enfatizó D'Orcy, quien participó en una serie de consultas ciudadanas que luego fueron ignoradas por una comisión elegida por el Ejecutivo a conveniencia bajo el nombre de Concertación Nacional.

    La parlamentaria denunció que, tras gastar dinero público en dicha consulta, el pleno de la Asamblea decidió ignorar las demandas del pueblo y se quedó con las propuestas de la Concertación.

    "Se empiezan a discutir las reformas, las personas no se sienten representadas, algunos diputados traviesos comenzaron a meter más modificaciones, pero lo que activó a la población fue la propuesta de repartir el presupuesto de la universidad pública con las 35 privadas, que son un negocio", explicó D'Orcy.

    La Universidad de Panamá está protegida por la Constitución, que la establece como representante, organizadora y fiscalizadora de los demás centros de educación superior, atribuciones que le serían quitadas con las modificaciones propuestas.

    Cuando el pleno de mayoría oficialista (el socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático) propuso crear un organismo que se apropiara de las atribuciones de la Universidad de Panamá, el pueblo dijo "basta" y salió a las calles, explicó la diputada.

    D'Orcy ve con preocupación los intentos por resquebrajar una Constitución de por sí debilitada, mediante reformas que concederían más poder al Legislativo, que también busca nombrar fiscales, ratificar a directivos de instituciones autonómicas o modificar arbitrariamente el presupuesto y el endeudamiento de la nación.

    "Muchos diputados ganan su curul por popularidad, muchos no tienen la capacidad ni el conocimiento sobre temas de economía: antes nos quejábamos del presidencialismo, y en vez de transformar la Constitución, se le daría más poder a otra parte del gobierno", señaló la diputada.

    Temas como la educación ni siquiera fueron tomados en cuenta en los debates para modificar la Carta Magna, por eso D'Orcy advirtió que votará en contra de las reformas: la diputada entiende que la Constitución debe ser cambiada, pero no así.

    "Nuestro voto es minoritario, pero nos hacemos sentir, y acompañaremos esta lucha del pueblo panameño, que se ha levantado", aseguró la parlamentaria, quien teme que se vendrá un fin de año turbio.

    De hecho, advirtió que, aunque aún no ha muerto nadie, ya comenzó la represión policial con balas de goma y gases lacrimógenos, y quienes están en primera línea para defender los intereses del pueblo son los jóvenes universitarios.

    El pasado martes las fuerzas antimotines reprimieron a un colectivo de manifestantes que intentó ingresar en el palacio Justo Arosemena, sede del Legislativo, los cuales fueron tildados de "vándalos" por la Asamblea en un comunicado.

    Las protestas forzaron la suspensión del plenario, el cual tenía en agenda la discusión del presupuesto de la nación, tras vetar el lunes anterior el matrimonio entre personas del mismo sexo.

    Los ánimos se caldearon además por las declaraciones homófobas del diputado Jairo "Bolota" Salazar, quien aseguró que los manifestantes eran gays y por ello no se les permitía entrar a la Asamblea.

    "Las reformas constitucionales no están escritas en piedra", alegó el presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, en un esfuerzo por aplacar a la opinión pública.

    El presidente Laurentino "Nito" Cortizo advirtió que si no eran aprobados los cambios que reclama el país en términos de institucionalidad y transparencia, convocaría una asamblea constituyente paralela y no una originaria, como reclama la ciudadanía.

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