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    De 233 capos del crimen organizado detenidos solo hay 13 sentenciados en México

    CC0 / Pixabay
    América Latina
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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Una investigación independiente tuvo que sortear muchos obstáculos para revelar que, de 233 personas detenidas como "los más buscados" durante 12 años de "guerra contra el narcotráfico", solo 13 recibieron sentencias irrevocables, dijo a Sputnik una de las autoras de las pesquisas, Sorayda Gallegos.

    "El trabajo realizado durante más de dos años, es resultado de unas 500 solicitudes de información sobre personas consideradas como objetivos prioritarios, por pertenecer supuestamente a cárteles del narcotráfico, y como resultado logramos un primer fallo a favor en julio 2017", relató la coautora de la investigación.

    Gallegos llevó adelante la investigación junto con Laura Sánchez Ley para la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

    Para solicitar los documentos oficiales, las investigadoras, especializadas en los procesos judiciales sobre el crimen organizado, se vieron obligadas a apelar a la leyes que rigen al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que datan de 2002, y han sido actualizadas desde entonces.

    Sin embargo, las autoridades manifestaron reservas para facilitar los expedientes, y "la batalla por la información fue complicada, porque la fiscalía se negaba a decir qué había pasado con detenciones anunciadas en boletines especiales, con personas identificadas nombre y rostro", prosigue la investigadora.

    Desde diciembre del año pasado, "con los cambios del nuevo Gobierno, queríamos actualizar la información, para saber quiénes contaban con sentencias".

    Tras la desaparición de la anterior Procuraduría General de la República, la nueva Fiscalía General, que opera desde enero de este año como entidad autónoma desprendida del poder Ejecutivo, actuó con nuevos impedimentos legales.

    "La Fiscalía se negaba a dar información y debimos recurrir a una nueva revisión de las peticiones, hasta lograr un fallo a favor del INAI en abril de este año", relató la autora.

    En este país existe una "necesidad de escrutinio sobre las detenciones", que se presentan con bombos y platillos por las autoridades, debido a que "no se conocen los desenlaces de los procesos en los poderes judiciales, ni las decisiones de los jueces, y queríamos saber cuándo se logran sentencias o si existe otra resolución, y qué pasaba después de las detenciones".

    Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
    © REUTERS / Press Office Andres Manuel Lopez Obrador
    Entre los detenidos figuran personajes presentados ante los medios como éxitos de la guerra contra el crimen organizado, como Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, líderes del Cártel de Los Zetas integrado por exmilitares; Vicente y Alberto Esteban Carrillo Fuentes, hermanos del llamado "Señor de los Cielos", quien fuera el líder del Cártel de Juárez; Servando Gómez Martínez, fundador de los Caballeros Templarios; y Alfredo Beltrán Leyva, del cártel que lleva sus apellidos, entre muchos otros.

    Dificultades de la investigación

    Para lograr un diagnóstico de los efectos de las campañas militares y policíacas realizadas por las autoridades para lograr los arrestos de capos narcotraficantes, "necesitábamos transparencia en la estrategia contra el crimen organizado y saber qué había pasado con los presuntos delincuentes", relata Gallegos.

    Otra dificultad de realizar el estudio, explica, es que "el trabajo de investigación es muy costoso y requiere de mucho tiempo y recursos, además de medios o instituciones que quieran apostarle a trabajos de calidad y de largo aliento, que muchas veces no coinciden con las expectativas de corto plazo de los editores".

    La investigación reseña los espectáculos mediáticos montados tras las detenciones presentadas a los medios de comunicación "cuando las leyes permitían presentar detenidos frente a las cámaras siendo presuntos delincuentes".

    El INAI exigió a las autoridades que, en el caso de sentencias irrevocables y procesos relacionados con la violencia del crimen organizado, en los cuales se haya completado todo el proceso judicial, la fiscalía debía transparentar y entregar los expedientes.

    "Logramos obtener los expedientes de 13 sentenciados, solo dos de ellos eran por delincuencia organizada, uno por lavado de dinero otros por delitos menores", resume la autora.

    En los informes de Gobierno, en el Diario Oficial de la Federación, los detenciones fueron catalogadas como "objetivos prioritarios" por su presunta jerarquía dentro de los cárteles.

    La Procuraduría General y la Fiscalía perdieron batallas en los tribunales ante los cuales se negaba a informar, "tan solo en dos casos obtuvieron penas irrevocables por delincuencia organizada, es decir, una por sexenio", dice el reporte.

    De las 13 sentencias diez de ellas fueron por delitos menores de portación de armas con penas de uno a cinco años, como en el caso de Sandra Ávila Beltrán, apodada la "Reina del Pacífico", una por lavado de dinero, en el caso de Vicente Carrillo Leyva, y solo dos por delincuencia organizada.

    Las expertas de MCCI elaboraron una base de datos con el nombre de las personas más buscadas y detenidos en el marco del combate a la delincuencia organizada de 2012 a 2018.

    Los pedidos de información se basaron en los acuerdos de recompensas publicados en el Diario Oficial de la Federación (65 personas), el listado de objetivos prioritarios de la pasada administración de Enrique Peña Nieto (109) y los informes de Gobierno (59 personas).

    Con la información recopilada de las fuentes oficiales, MCCI pidió el estatus legal de cada uno de ellos.

    La Procuraduría se negó a proporcionar la información "al argumentar que dar a conocerla afectaría la intimidad, honor y buen nombre de los imputados".

    Finalmente, el INAI dictaminó brindar las "sentencias condenatorias irrevocables", es decir, las que hubiesen agotado todo medio de impugnación y se encontraran firmes.

    Si el reciente operativo contra Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre pasado, hubiera ocurrido con éxito durante los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), "nada garantizaba que pudiera quedarse en prisión por delitos relacionados con el narcotráfico", concluyen las investigadoras.

    Durante la guerra al narcotráfico perdieron la vida unas 300.000 personas, hay más de 40.000 desaparecidos, y más de 3.000 fosas clandestinas con unos 5.000 cuerpos, de los cuales solo han sido identificados unas 200 víctimas, pero solo un centenar devueltos a sus familiares.

    Etiquetas:
    sentencia, México, narcotráfico
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