"Entiendo que el día lunes, el día de mañana, tendrían que establecerse las bases precisamente de esa auditoría, y ojalá que sea lo antes posible", declaró a medios estatales el ministro de Justicia, Héctor Arce.
La auditoría fue solicitada por el Gobierno de Bolivia y aceptada de inmediato por la OEA, luego de que una misión de observación de esa organización sugiriera que una segunda vuelta era la mejor opción para resolver el conflicto postelectoral derivado de denuncias opositoras de supuestas irregularidades en el cómputo de votos, que al final dieron a Morales victoria en primera ronda.
La oposición no presentó denuncia formal de un fraude y concentró aparentemente su accionar en promover las manifestaciones urbanas, en algunos casos violentas, que tienen conmocionado al país desde el día siguiente de las elecciones del domingo 20.
El candidato opositor Carlos Mesa, quien considera haber sido privado irregularmente de su opción a una segunda vuelta, endureció su discurso el fin de semana al convocar a que continúen las protestas, ya no en demanda del balotaje sino en desconocimiento total a los comicios.
"Ya no se puede soportar, hemos aguantado hasta hoy demasiados atropellos y humillación y así que es hora de defender la democracia", dijo a reporteros el líder de la CSUTCB, Jacinto Herrera.
Añadió que "lo que significan las protestas de la oposición en las ciudades es simplemente no aceptar su derrota y con ello no reconocer el voto de campesinos e indígenas que dio el triunfo a Evo Morales", afirmó el dirigente campesino.
Arce lamentó que, con su desconocimiento total a las elecciones, Mesa deje de lado su demanda inicial de segunda vuelta y se oponga a la auditoría acordada con la OEA y a la que han expresado respaldo tanto la ONU como la Unión Europea.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, fue más lejos y acusó a Mesa de estar comprometido en "un esquema conspirativo contra la democracia" en el que participaría también, entre otros, el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, del Gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).
Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada están refugiados en Estados Unidos desde octubre de 2003, cuando renunciaron a causa de una ola de violentas protestas populares, pasando entonces al Gobierno a manos del vicepresidente Mesa.
Las protestas urbanas, entretanto, continuaron el fin de semana con paros y bloqueos de calles en por lo menos cuatro ciudades.
En La Paz, con participación directa del opositor Gobierno municipal, se anuncia para este lunes un paro cívico con bloqueo general, reportaron medios locales.
