"Es el Parlamento del Pueblo, parlamento de los sectores sociales (…) para aterrizar en propuestas importantes (…) El pueblo es el que tiene que decir al gobierno esto es lo que necesita (…) Necesitamos que los recursos que tanto dicen que es del pueblo lleguen verdaderamente al pueblo", dijo Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, durante la instalación, en Quito, del denominado Parlamento Popular de los Pueblos y Organizaciones Sociales.
Iza añadió que la CONAIE, la mayor organización indígena del país, solo se ha reunido una vez con el gobierno, cuando fueron convocados por la delegación de las Naciones Unidas en Quito y la Iglesia ecuatoriana para entablar negociaciones que den fin a las protestas que por 12 días se mantuvieron contra la decisión del Ejecutivo de eliminar los subsidios a los combustibles.
En la noche del 13 de octubre, con la mediación de la ONU y la Iglesia, la CONAIE y otras organizaciones sociales llegaron a un acuerdo con el gobierno para levantar las paralizaciones. Al siguiente día el presidente Lenín Moreno derogó el decreto con el que dio fin al subsidio de los combustibles y se instalaron mesas de trabajo con diversos sectores para reemplazar ese decreto y focalizar el subsidio hacia quienes realmente lo necesiten.
Mientras tanto, Iza enfatizó que se necesita "un tiempo prudencial, un tiempo razonable; no se puede sacar una norma de la noche a la mañana, estamos hablando de un tema bastante serio el tema económico".
El dirigente de Cotopaxi también insistió en que salgan del gabinete los ministros de Gobierno, María Paula Romo, y de Defensa, Oswaldo Jarrín, de quienes dijo no garantizan un diálogo serio y de paz, y han iniciado un proceso de desprestigio del movimiento indígena.
Javier Aguavil, presidente de las comunidades y pueblos indígenas de la Costa, mientras tanto, consideró importante revisar los contratos con las empresas telefónicas y petroleras, y crear un impuesto para quienes tengan vehículos avaluados en más de 60.000 dólares.
De acuerdo con el último informe oficial de la Defensoría del Pueblo, entre el 3 y 13 de octubre, durante las protestas, murieron ocho personas y 1.340 resultaron heridas.
