"He dispuesto un conjunto de acciones de control en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha, que corresponden a un control sobre el uso de recursos (…) y bienes públicos (…) en relación con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado", dijo Celi en conferencia de prensa sin dar más detalles.
La prefecta de la provincia de Pichincha (cuya capital es Quito), Paola Pabón, fue detenida preventivamente el pasado 14 de octubre.
La funcionaria, que pertenece al movimiento político del expresidente Rafael Correa, fue acusada por el Gobierno de Lenín Moreno de ser una de las instigadoras de actos violentos en varias ciudades del país en contra de la decisión del Ejecutivo de eliminar los subsidios a los combustibles, disposición que fue derogada por Moreno el 14 de octubre tras un acuerdo con los líderes del movimiento indígena, que encabezó las protestas.
En dichas protestas y movilizaciones hubo violencia, así como saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, sobre todo en Quito, en Cuenca, en el sur de Ecuador, en provincias de la serranía centro que son productoras y exportadoras de flores y vegetales, y en provincias amazónicas donde se asienta la infraestructura petrolera.
Celi afirmó que debido a los daños ocasionados, que aún no han podido ser cuantificados y que impiden el acceso a los edificios, el trabajo de la Contraloría se desarrolla en otras dependencias públicas.
"La Contraloría no está paralizada, si el objetivo fue impedir que la Contraloría avance en investigaciones (…) y en la determinación de responsabilidades, ciertamente eso no se cumplió", destacó Celi.
El contralor añadió que la entidad está restaurando plenamente sus sistemas y, a través de diferentes medios técnicos, está recuperando toda la documentación dañada, tanto en soportes magnéticos como documentales.
De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, las protestas en Ecuador dejaron un saldo de 8 muertos, 1.340 personas heridas y 1.192 personas detenidas.
