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    Opositor afirma que Gobierno de Ecuador muestra desespero al acusar a Rusia de injerencia

    © CC BY 2.0 / Yamil Salinas Martínez / Casa de Gobierno - House of Government
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    MONTEVIDEO (Sputnik) — El anuncio del Gobierno de Ecuador de que hubo ataques comunicacionales lanzados desde servidores localizados en Rusia durante las protestas de inicios de este mes son una señal de desesperación de la administración de Lenín Moreno, dijo el secretario ejecutivo de la opositora Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández.

    "Lo del involucramiento de venezolanos, interferencia de otras potencias, de que hay dinero extranjero, y las acusaciones contra los rusos por los actos de violencia en las protestas son todas una cadena de falsedades que de ninguna manera configuran el delito de rebelión; el Gobierno de Ecuador está desesperado porque su mentira sale a la luz", dijo Hernández.

    La ministra de Gobierno (Interior) de Ecuador, María Paula Romo, dijo el jueves al diario El Comercio que "los indicadores más elementales y tendencias en redes en contra del Gobierno se levantaban en Venezuela, algunos ataques tenían IP en Rusia; espero que las investigaciones nos den una certeza sobre el nivel de concertación. Yo creo que existió".

    Romo se refirió en otras oportunidades a "ataques" en redes sociales con transmisión de "información falsa" y observó que le llamaba "la atención que una protesta haya sido transmitida en vivo por el canal público del Gobierno ruso", en referencia al canal RT.

    El director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso, Alexánder Schetinin, dijo este viernes que Ecuador debería recurrir a los "mecanismos de cooperación" y diálogo si tiene cuestiones que plantear a Rusia sobre alguna supuesta intromisión en los asuntos del país.

    "Si la parte ecuatoriana tiene alguna inquietud, existen mecanismos de cooperación que operan entre nuestros países en el espíritu de esas relaciones amistosas que se han establecido y que se mantienen", dijo el diplomático ruso.

    Desde el 2 de octubre, Ecuador se vio convulsionado por una serie de protestas en contra de la eliminación del subsidio a la gasolina de 87 octanos y al diésel, además de otras reformas financieras y laborales, decretadas por el presidente Moreno el día anterior.

    El domingo 13, con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y la veeduría de las diferentes funciones del Estado, los movimientos indígenas que encabezaban las protestas y el Gobierno llegaron a un acuerdo que puso fin a las manifestaciones anulando el decreto que eliminaba el subsidio al combustible.

    Durante las protestas, que se saldaron con ocho muertos y 1.340 heridos según la Defensoría de Pueblo, se dieron hechos vandálicos, violencia y saqueos sin precedentes.

    Más de 820 personas fueron detenidas entre el 3 y el 9 de octubre.

    Tanto el Gobierno de Moreno como los dirigentes de organizaciones indígenas coinciden en que fueron infiltrados los que practicaron la violencia.

    Protestas en Quito
    © Sputnik / Marco Teruggi
    Hernández consideró que el Gobierno busca seguir manteniendo a personas "inocentes" en la cárcel, en referencia a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, la exalcaldesa de Guayaquil, Alexandra Arce, la activista digital Magdalena Roble y el dirigente de Revolución Ciudadana, Christian González.

    "Buscan seguir con la represión sistemática; ya es un cuento que solo les creen la fiscalía y los operadores de justicia, porque se ve claramente que hay intenciones políticas, el resto de la población cada vez evidencia que cada una de las cosas que dijeron eran absolutamente falsas", agregó.

    Acusaciones a Correa

    El canciller José Valencia dijo ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que el expresidente Rafael Correa (2007-2017), el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y grupos narcos buscaron "desestabilizar" a Ecuador durante las protestas.

    Hernández aseguró que ninguno de los seguidores de Correa estuvo detrás de los actos violentos, como fue la quema de la Contraloría.

    "La Contraloría estaba siendo controlada por la Policía Nacional cuando fue quemada; son hechos muy sospechosos que deberían investigarse, mientras tanto, las autoridades lo único que hacen es repetir y repetir una mentira para ver si puede quedar como verdad en la conciencia de la gente, auspiciados por los grandes medios de comunicación", expresó el dirigente.

    Hernández sostuvo que las acusaciones contra Revolución Ciudadana se lanzaron "sin ninguna prueba".

    El delito formulado a los dirigentes de Revolución Ciudadana es el de rebelión, con penas que van de cinco a 10 años.

    "Para que exista el delito de rebelión tiene que haber la intención de querer destruir el Estado de derecho y eso en ningún momento lo planteamos como salida ni posibilidad; nuestras propuestas siempre fueron en el marco de la Constitución", afirmó.

    La casa de Hernández fue allanada el martes por la Policía y actualmente su paradero es desconocido.

    El dirigente sostuvo que espera que las autoridades le revoquen el pedido de prisión para poder defenderse en libertad.

    "Tengo derecho, como ciudadano ecuatoriano, como dice la Constitución, a ser tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario (...) Espero tener la oportunidad de defenderme", agregó.

    En los disturbios resultaron heridos 94 policías.

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