"Para el Ministerio Público Federal, la Unión (el Gobierno central) está siendo omisa al postergar medidas de protección y al no actuar de forma articulada en toda la región dada la magnitud del accidente y los daños ya causados al medio ambiente", dice un fragmento de una acción conjunta presentada a la Justicia por fiscales de los nueve estados afectados por el vertido.
En el texto, la Fiscalía resalta que, a pesar de la extrema gravedad del desastre ambiental y de que los estados de Sergipe y Bahía ya decretaron la situación de emergencia, el Gobierno se mantiene "omiso, inerte, ineficiente e ineficaz".
Este documento, elaborado en 2013, detalla directrices y procedimientos para que el Gobierno actúe y minimice daños ambientales y evite prejuicios a la salud pública.
La Fiscalía pide a la Justicia que el Gobierno sea obligado a activar ese plan en 24 horas, bajo amenaza de una multa diaria de un millón de reales (más de 240.000 dólares) en caso de incumplimiento.
La semana pasada, la Justicia del estado de Sergipe ya se había posicionado para obligar al Gobierno para que colocara barreras flotantes de contención en la costa, para evitar que las manchas de petróleo llegaran a la costa.
Las primeras manchas empezaron a aparecer en la costa noreste de Brasil a principios de septiembre, y según el último recuento del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) el petróleo ya llegó a 187 playas de 77 municipios, en los nueve estados que conforman la región noreste de Brasil.
Las manchas ya llegaron a algunas de las playas más famosas y turísticas del país, como la del Farol de Barra en Salvador (Bahía), Maragogi (Alagoas) o Carneiros (Pernambuco).
