"Lamentablemente, la institucionalidad democrática boliviana estará en riesgo si un sector importante de la sociedad, en este caso un conjunto de partidos, candidatos y agrupaciones de oposición, rechaza una eventual victoria oficialista", dijo Balcázar, consultor de organizaciones no gubernamentales.
En los últimos días de la campaña quedó en evidencia que el rechazo a la eventual reelección del presidente Evo Morales era el denominador común de los discursos de los candidatos opositores y de los líderes cívicos y sociales de cabildos, huelgas y otras movilizaciones.
"Sin desmerecer la validez de las reivindicaciones regionales o sectoriales, los dirigentes de las protestas han aprovechado el período electoral con dos propósitos: arrancar beneficios difíciles en otro momento y desgastar al Gobierno y a su presidente-candidato", afirmó Balcázar.
El mismo Morales advirtió el lunes pasado, en una entrevista televisiva, sobre un plan golpista.
"Si gana Evo, (los opositores) ya tienen planificado, quiero que sepan, quieren hacer un golpe de Estado", dijo.
Esta perspectiva, casi invariable a lo largo de la campaña, parece haber animado en la última semana las resoluciones de seis cabildos o asambleas populares opositoras de desconocer la eventual victoria oficialista, si surgen denuncias de fraude electoral, y pedir de nuevo la renuncia del Tribunal Electoral. Mesa y Ortiz asistieron a los dos cabildos más grandes, de Santa Cruz (este) y La Paz, "y con su presencia se sumaron tácitamente a la decisión de eventualmente desconocer las elecciones", advirtió el analista.
El jueves 17, al declarar una pausa en la huelga del departamento de Potosí (sur) contra la política oficial de industrialización del litio de los salares, el líder cívico regional Marco Pumari dejó en evidencia el tinte político de esa protesta.
"El pueblo tiene que unificarse no en base a un partido (sino) en base a la decisión de botar a Evo Morales del Palacio de Gobierno", dijo al término de una manifestación callejera, tolerada por las autoridades pese a la prohibición preelectoral.
Casi simultáneamente, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, uno de los líderes de la huelga nacional de casi dos meses de esos profesionales, que entró también en "cuarto intermedio", llamó al "voto castigo contra el dictador Morales".
Balcázar previó que estos conflictos se reactivarían a la par de nuevas movilizaciones anunciadas por los comités cívicos controlados por la oposición, en rechazo a la reelección de Morales.
"Y si los candidatos opositores se suman a esa línea, tendremos un escenario muy complicado en el que el primer blanco de ataque será el Tribunal Supremo Electoral (TSE)", al cual los opositores consideran sometido al Gobierno por haber habilitado la candidatura de Morales por encima de un referendo de 2016 que vetó la reelección indefinida.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo al diario digital Boya.News que el TSE "va a ser víctima permanente del ataque de las fuerzas políticas frente a una eventual victoria del presidente Evo".
"Me temo que las acciones contra el Tribunal se van a instalar en el ámbito más internacional, seguramente habrá acciones que traten de socavar su prestigio, su legitimidad, su trabajo, pero para eso está el pueblo boliviano", afirmó Quintana.
El ministro planteó así la posibilidad de que una eventual campaña opositora de rechazo a la reelección de Morales sea respondida por los combativos movimientos sociales que participan en el Gobierno.
