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    El Tribunal de paz de Colombia escucha a familiares de jóvenes víctimas de "falsos positivos"

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    BOGOTÁ (Sputnik) — Familiares de jóvenes civiles del municipio colombiano de Soacha, quienes murieron entre 2007 y 2008 a manos de militares que los hicieron parecer como guerrilleros caídos en combate, asisten ante la Jurisdicción Especial de Paz para presentar sus observaciones a las 31 versiones rendidas por comparecientes sobre el caso.

    "Con esta audiencia la Sala de Reconocimiento de la JEP escucha directamente a las víctimas acreditadas en el caso 003 (ejecuciones extrajudiciales), que han manifestado su deseo de presentar observaciones a las versiones ya entregadas por los comparecientes de la Fuerza Pública", señaló la JEP a través de la red social Twitter.

    ​La audiencia, que comenzó a las 08.00 hora local (13.00 GMT) y que es transmitida en streaming, reúne, entre otros, a representantes de las Madres Victimas de los Falsos Positivos (Mafapo) o de asesinatos extrajudiciales, quienes pedirán a la JEP que cite a comparecer a 52 implicados, tanto civiles como militares, que han sido mencionados en las versiones rendidas hasta la fecha.

    Asimismo, pedirán que sean llamados a declarar los expresidentes Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018), quien fue ministro de Defensa de Uribe en la época de los asesinatos extrajudiciales, y al general retirado del Ejército Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares en el periodo de los hechos.

    "Esta audiencia es la materialización del principio constitucional de centralidad de las víctimas en la JEP", dijo Catalina Díaz, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, al comienzo de la audiencia, la primera que se realiza para conocer las observaciones a las versiones de los comparecientes por parte de las víctimas dentro del caso 003.

    Los familiares de los jóvenes de Soacha asesinados presentan observaciones a las 31 versiones rendidas por comparecientes de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander.

    Miembros de estas dos unidades militares serían los responsables de por lo menos 69 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en la región del Catatumbo (nordeste) entre 2007 y 2008, incluidas las ejecuciones extrajudiciales de 15 jóvenes en la ciudad de Ocaña (nordeste), que fueron reclutados con engaños en el municipio de Soacha (centro).

    "Estamos hablando de más de 10.000 casos de ejecuciones extrajudiciales. No sólo son los casos ocurridos en Soacha y Bogotá", dijo durante la audiencia Jacqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo Peña, uno de los jóvenes víctima de "falsos positivos".

    Por estos hechos, la JEP ha realizado 155 versiones voluntarias a 119 comparecientes vinculados a la Brigada Móvil número 15, al Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander, en Catatumbo, al Batallón de Artillería número 2, La Popa, en Cesar (norte), y a la Brigada 16, en Casanare (este).

    También hay testigos vinculados al Batallón de Artillería número 4, Jorge Eduardo Sánchez, en Antioquia (noroeste), al Batallón de Infantería número 21, Batalla del Pantano de Vargas, en Meta (centro), y al Batallón de Infantería número 27, Magdalena, en Huila (suroeste).

    La Sala de Reconocimiento contrastará "rigurosamente" lo dicho por los comparecientes en sus versiones con las observaciones que las víctimas hacen este 17 de octubre, así como con los informes recibidos y el acervo probatorio recaudado dentro del caso, tras lo cual determinará los hechos y las conductas en el marco del caso y llamará a los comparecientes a reconocer verdad y responsabilidad, lo cual puede ocurrir en una audiencia pública.

    ​La Sala de Reconocimiento de la JEP abrió el caso 003 el 17 de julio de 2018 a partir de un Informe presentado por la Fiscalía General de la Nación, denominado Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

    El caso prioriza seis regiones del país (Antioquia, Meta, Catatumbo, Cesar, Casanare y Huila) en función del número de hechos y de víctimas y el potencial ilustrativo respecto del fenómeno nacional de los "falsos positivos", una práctica que se popularizó durante el Gobierno de Uribe y mediante la cual los militares presentaban como guerrilleros caídos en combate a jóvenes civiles con el objetivo de lograr ascensos y prebendas.

    Por esos hechos las madres y familiares de los asesinados también pedirán a la JEP que el caso se priorice como crimen de Estado y no como crimen de guerra, ya que los jóvenes no hacían parte del conflicto armado interno.

    Etiquetas:
    familiares, víctimas, jóvenes, falsos positivos, Colombia
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