"El MP debe contar con mayor número de personal permanente; las fiscalías especializadas en materia ambiental, a nivel de personal, representan alrededor del 1,7% de todos los fiscales a nivel nacional, pero atienden, en lo que concierne a expedientes, casi el 9% del total que ingresa al año en el MP", afirma Araujo, director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la SPDA.
En estos días se viene celebrando en Lima el III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe (CAPLAC).
A decir de Araujo, la justicia ambiental es aquella orientada a dar "una respuesta rápida, sencilla y eficiente respecto de las controversias que afecten los derechos de las personas a gozar de un ambiente sano y saludable, y de desarrollarse en un entorno pacífico y adecuado".
Este tema está atado necesariamente a los sistemas judiciales, algo en lo que Perú, a pesar de los problemas de sobrecarga del trabajo de los fiscales en materia ambiental, "ha avanzado bastante", aunque aún es un asunto pendiente dar una mayor especialización a los agentes.
"De acuerdo al seguimiento que hemos hecho en la SPDA, es una agenda pendiente la profesionalización y especialización (sobre el tema ambiental) a nivel judicial, y también en la Fiscalía de afianzar la especialidad a nivel ambiental (…) El MP, entre 2008 y 2009, impulsó las primeras fiscalías en materia ambiental, crearon una coordinación nacional y al día de hoy, luego de más de 10 años, creo que se han consolidado", sostiene el experto.
Araujo comenta que, según cifras del MP, en Perú existen 115 fiscales especializados en materia ambiental; sin embargo, sólo 43 son provinciales y titulares, mientras que 72 son fiscales adjuntos, que no necesariamente ingresaron a la carrera en el MP y serían provisionales; ello muestra la necesidad de promover aún a nivel del MP la especialización en materia ambiental.
"Los fiscales ambientales existen para una primera instancia, pero si los expedientes son impugnados, quien ve la impugnación y los intereses del Estado es el fiscal superior, quien ante la falta de especialización ambiental, podría tener dificultades para sostener la teoría del caso ante los jueces en la Corte Superior, debido a su falta de especialización en materia ambiental (…) Adicionalmente, debemos considerar que el Poder Judicial ha priorizado la especialización ambiental en los últimos 3 años", indica Araujo.
Por otro lado, el experto apunta que en el CAPLAC, la SPDA buscará contribuir con la institucionalización y ejercicio de la justicia ambiental en el Perú, liderando procesos de reforma normativa e institucional a través de su Iniciativa de justicia ambiental, una propuesta para defender a los grupos humanos más vulnerables en esta problemática como pueblos indígenas o líderes ambientales.
