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La Justicia de Ecuador ordena prisión preventiva para prefecta de la provincia de Pichincha

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QUITO (Sputnik) — La justicia de Ecuador ordenó la prisión preventiva de la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, informó la Fiscalía General del Estado.
"Por pedido de la Fiscalía, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, dictó prisión preventiva", dijo la Fiscalía en su cuenta de la red social twitter.

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La prisión preventiva se ordenó para Pabón y su asistente Christian González; se dictó también prohibición de salir del país y obligación de presentarse ante un juez cada 8 días para Pablo del Hierro, asistente del ex asambleísta Virgilio Hernández.

Pabón, González y del Hiero tienen además inmovilización de sus cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes.

La funcionaria fue acusada en días pasados por el Gobierno del presidente Lenín Moreno de ser una de las instigadoras para las movilizaciones y protestas que se realizaron en varias ciudades del país y en las que hubo saqueos, destrucción de bienes y violencia nunca antes vista en el país, sobre todo en Quito, la capital de la nación, pero también en otras ciudades como Cuenca, al sur de Ecuador.

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Arrieta ordenó la prisión preventiva por sospecha de rebelión contra Pabón, del partido Revolución Ciudadana, cuyo líder es el ex presidente Rafael Correa (2007-2017).

El abogado de Pabón, Ramiro Aguilar, presentó el 15 de octubre la respectiva apelación oral y en las próximas horas presentará la escrita.

Aguilar dijo a periodistas luego de la audiencia que las pruebas presentadas por la Fiscalía consisten en chats de WhatssApp, que contienen discusiones internas políticas y no constituyen pruebas que demuestren la rebelión de la que se acusa a Pabón.

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Pabón, González y Del Hierro fueron detenidos el 14 de octubre y trasladados a la unidad de Flagrancia de la Fiscalía.

Durante la respectiva audiencia, el fiscal provincial Alberto Santillán formuló cargos por el presunto delito de rebelión basándose en estipulados del Código Integral Penal de Ecuador, cuyo artículo 336 establece sanciones para quienes promuevan, ayuden o sostengan cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado.

La Fiscalía General de la Nación dijo también en su cuenta de twitter que durante el allanamiento que realizó a la casa de González, "presunto financista de alimentación, medicina y escudos de protección para el paro nacional", se incautaron tarjetas de crédito, panfletos y material que habría sido usado en las protestas.

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El 14 de octubre la Fiscalía allanó tres inmuebles para ejecutar una orden de prisión contra Hernández, que finalmente no se concretó.

En uno de esos allanamientos se encontró dinero en efectivo –dólares y euros- así como banderas y otros elementos que según la Fiscalía podrían haberse utilizado durante el paro nacional contra Moreno.

La Fiscalía también allanó el domicilio del esposo de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, en donde incautó una caja fuerte, una liberta de ahorros que detallan "pagos al señor presidente", libretas de notas de pagos, dispositivos electrónicos y material electoral.

Rivadeneira, su esposo, así como otros 6 miembros del partido político de Correa se encuentran en la Embajada de México en Quito, en calidad de protegidos, aunque no se ha aclarado por qué pidieron protección en esa sede diplomática.

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