"El acuerdo alcanzado entre el gobierno ecuatoriano y los movimientos sociales indígenas, apoyados por la Organización de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica, demuestra el poder del diálogo pacífico que ayuda a brindar estabilidad para el país y la prosperidad a su gente", afirmó Kozak en su cuenta de Twitter.
Las protestas, iniciadas por los transportistas el 2 de octubre, a las que se unieron luego los indígenas y trabajadores en todo el país, se vieron mezcladas con actos violentos y saqueos, e incluso acciones como la quema de oficinas de la Contraloría General de la Nación y el ataque a medios de comunicación.
En la noche del domingo, con mediación de la Organización de las Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y la veeduría de las diferentes funciones del Estado, los movimientos indígenas de Ecuador y el Gobierno llegaron a un acuerdo que puso fin a las protestas.
El acuerdo establece que representantes de las dos partes trabajarán para reemplazar el decreto 883.
El subsidio a los combustibles, por un monto anual de 1.300 millones de dólares, rigió por más de 45 años.
De acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo, entre el 3 y el 13 de octubre, durante las movilizaciones murieron siete personas, 1340 fueron heridas y 1152 detenidas.
El viernes, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, dijo a Sputnik que al menos en dos de las muertes era clara la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, y que en el resto de los cinco casos que estaban confirmados hasta el momento, "todo gira alrededor de la intervención de la policía".
El funcionario dijo además que la gran mayoría de las detenciones fueron arbitrarias.
