"Ante la criminalización y represión de los indígenas en Ecuador, declaramos nuestra solidaridad con nuestros hermanos ecuatorianos, y nuestra profunda preocupación por las medidas represivas ordenadas por Lenín Moreno, que han dejado luto y dolor", reza el comunicado, resultante de un taller sobre el derecho de las comunidades originarias a dar o negar su consentimiento a proyectos que les afecte.
El pronunciamiento fue suscrito además por representantes del Enlace Continental de Mujeres Indígenas — Mesoamérica, la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad RMIB, la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México.
"Apoyamos el reclamo de nuestros hermanos ecuatorianos para que sea derogado el decreto 883, exigimos la liberación de los detenidos y el cese de la represión que llena de luto, dolor, zozobra e impotencia a nuestros pueblos hermanos", concluye la nota que divulgó la filial salvadoreña del CICA.
Este llamado coincide con el rechazo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) al diálogo propuesto por Moreno para superar la crisis política y social que afecta al país desde hace ocho días.
🎥 Imágenes exclusivas desde Quito, en donde los movimientos de indígenas y trabajadores continúan las protestas contra el 'paquetazo' del Gobierno de @Lenin Moreno 🇪🇨
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 12, 2019
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Según la Defensoría del Pueblo, las protestas han dejado cinco muertos, cientos de detenidos y decenas de heridos.
Dirigentes indígenas dijeron que varias personas que llegaron de la Amazonía, entre ellas integrantes de la etnia Achuar, mujeres y niños, están desaparecidos pues se dispersaron cuando la policía lanzó bombas lacrimógenas en el centro-norte de la capital ecuatoriana, donde se encontraban.
El 1 de octubre, Moreno anunció una serie de medidas económicas mediante el decreto 883, las cuales generaron profundo rechazo en varios sectores de la sociedad.
Las más resistidas fueron la eliminación de subsidios por 1.300 millones de dólares al combustible y reformas laborales que afectan a los empleados públicos.
Tras el anuncio, transportistas convocaron un paro general que levantaron luego de dos días en los que negociaron con el Gobierno, pero las movilizaciones continuaron lideradas por otros sectores afectados, como las comunidades indígenas.
