"La Asamblea Nacional está siendo cómplice y coautora de la represión; el presidente de la Asamblea se ha manchado las manos de sangre porque si él convocaba a una sesión y revocaba el estado de excepción, se habrían evitado estos hechos de violencia", dijo Hernández, cuyo partido agrupa a los seguidores del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
El 1 de octubre el Gobierno de Lenín Moreno anunció una serie de medidas económicas, incluido el polémico fin de los subsidios por 1.300 millones de dólares a los combustibles.
Tras el anuncio de las medidas, transportistas convocaron un paro general que levantaron luego de dos días en los que negociaron con el Gobierno subas a los servicios de transporte de cargas y pasajeros.
Pero las movilizaciones continuaron lideradas por otros sectores afectados.
Hasta el 11 de octubre a las 10:00 hora local (15:00 GMT), habían sido detenidas 1.070 personas en el marco de las movilizaciones, según dijo a Sputnik el defensor del Pueblo, Freddy Carrión.
Carrión confirmó además cinco personas fallecidas en el marco de las movilizaciones, y que en al menos dos casos está probada la responsabilidad de las fuerzas de seguridad.
"El presidente de la Asamblea no solo es cómplice, es corresponsable, puesto que la bancada de Revolución Ciudadana le pidió el primero de octubre analizar el estado de excepción", agregó.
El 8 de octubre el legislador del opositor Movimiento CREO (derecha), Homero Castanier, dijo a Sputnik que el parlamento decidió suspender sus actividades por falta de garantías para la asistencia y sesión de los asambleístas, debido a las protestas masivas en Quito y otras ciudades.
De hecho, esta semana, los manifestantes ingresaron brevemente al recinto del Poder Legislativo, aunque luego fueron expulsados por la policía.
Salidas constitucionales a la crisis
Revolución Ciudadana propone salidas constitucionales a la crisis que vive el país, dijo a Sputnik Virgilio Hernández.
"Existen muchas salidas constitucionales para lo que se está viviendo; Revolución Ciudadana propone ideas desde el plano económico como el político, que claramente no son golpistas como el Gobierno quiere imponer que son", dijo.
Hernández consideró que la primera solución para esta crisis es derogar las medidas impulsadas por el Gobierno y pensar otras alternativas.
"El Gobierno tenía otras alternativas que no quería implementar porque está a merced de grandes grupos de poder como son el sector financiero y el exportador (...) con sólo modificar la regla de impuesto tributario para que paguen quienes les corresponde, se podrían haber ahorrado 400 millones de dólares", agregó.
Otra medida que propuso es subir las partidas arancelarias, con lo que Ecuador se ahorraría 800 millones de exportaciones; también señaló que se podría controlar la subfacturación.
"Las autoridades reconocieron que Ecuador pierde 700 millones por subfacturación; ¿por qué no se toma esta medida? porque el Gobierno satisface a los exportadores; además, debería subirse el IVA para los productos suntuarios", señaló.
Entre el 2017 y 2018 los bancos incrementaron en 155 millones de dólares sus ganancias; esto es "inconcebible" porque crecieron mientras que la población ecuatoriana entró en recesión, dijo Hernández.
"El Gobierno de Moreno está moralmente liquidado, no tendrá la facultad para seguir dirigiendo los destinos del país; tiene ministros como Oswaldo Jarrín (Defensa) y María Paula Romo (Gobierno) que no solo tienen que ser destituidos, sino que juzgados por llenarse las manos de sangre de ecuatorianos", agregó.
Persecución del Gobierno ecuatoriano
El Gobierno de Ecuador comete arbitrariedades y persecución contra todo aquel que se oponga a sus mandatos, dijo a Sputnik el exasambleísta y secretario ejecutivo de Revolución Ciudadana.
"La realidad va quedando al desnudo; la teoría de conspiración que quiere imponer el Gobierno se les cae y lo increíble es cómo se prestan para repetirla una y otra vez mientras cometen arbitrariedades y persecución contra las personas que se oponen a sus mandatos", dijo.
Moreno afirmó el 7 de octubre que la violencia y saqueos que ocurrieron en los últimos días son un intento de golpe de Estado organizado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Por su parte, Hernández dijo que estas acusaciones son parte de una "teoría conspirativa".
"Lo que hace Moreno es tratar de descalificar las protestas, inventando un complot de los seguidores de Correa que ya nadie le cree, porque todo el mundo se da cuenta que es una simple estrategia para desprestigiar a quienes están movilizados, fundamentalmente al movimiento indígena", agregó.
Lo que está "muy claro" es que la "derecha política" y los grandes medios de comunicación vienen sosteniendo al Gobierno; son los que imponen la "idea colonial" de que los indígenas necesitan de un partido político para impulsar estas protestas, afirmó Hernández.
"Yo no tengo problema que mañana me aprendan y ojala siguiendo el debido proceso demuestran la conspiración; ya tenemos denuncias por incitación, sabotaje y terrorismo y cuando me cite la Fiscalía, concurriré, pero si no son capaces de dar pruebas, exigiré que, aún con mayor fuerza, renuncie el presidente y la ministra de Gobierno, María Paula Romo", agregó.
