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El Gobierno ecuatoriano denuncia que extranjeros cobran para participar en protestas

© REUTERS / Daniel TapiaProtestas en Ecuador
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MONTEVIDEO (Sputnik) — El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, afirmó en rueda de prensa que detectaron a ciudadanos extranjeros en las manifestaciones en contra de las medidas económicas del Gobierno que aseguraron haber recibido dinero para participar de las protestas.

"En las manifestaciones hemos apresado a un número importante de ciudadanos extranjeros, que en sus testimonios declaran que están recibiendo entre 40 y 50 dólares por asistir a manifestaciones, la inteligencia está haciendo su trabajo y vamos a llegar con los responsables, a muchos ya los tenemos identificados, a otros ya los tenemos apresados", indicó el vicepresidente.

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Sonnenholzner anunció que los extranjeros que no cumplan con la ley serán deportados.

"Ciudadano extranjero que se presta para generar el caos, la violencia y la delincuencia en el Ecuador, que es un territorio de paz, que ha sido hospitalario con centenas de miles de extranjeros, extranjero que no cumpla con las leyes del país y que ofenda a los ecuatorianos no podrá seguir en Ecuador, los sancionaremos con todo el peso de la ley y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para iniciar deportaciones", añadió.

El vicepresidente informó que solo en Guayaquil (oeste) detuvieron a 27 extranjeros en las manifestaciones.

Desde la semana pasada rige en Ecuador un estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno para frenar a grupos a los que acusa de realizar saqueos, ataques y destrozos.

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Moreno dijo el 7 de octubre que esas acciones son parte de un plan del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para desestabilizar a su Gobierno.

En la tarde del 7 de octubre se registraron nuevos enfrentamientos entre manifestantes y policías en distintos puntos de Quito.

Debido a las protestas, Moreno trasladó la sede del Gobierno a Guayaquil (oeste).

Moreno aseguró que no anulará las medidas económicas propuestas el 1 de octubre, muy criticadas principalmente por la eliminación de subsidios por 1.300 millones de dólares al combustible y reformas laborales que afectan a empleados públicos.

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