La Justicia ecuatoriana dicta prisión preventiva para asambleísta en el marco de protestas

MONTEVIDEO (Sputnik) — La justicia de Ecuador dictó prisión preventiva para el asambleísta (parlamentario) Yofre Poma, el prefecto de Sucumbíos (noreste), Amado Chávez, y siete personas más por su presunta participación en el delito de paralización de un servicio público en el marco de las masivas protestas contra el Gobierno de Lenín Moreno.

"Por pedido de Fiscalía, el juez David Jacho dicta prisión preventiva para asambleísta Yofre P., prefecto de Sucumbíos, Amado Ch., y 7 personas más por presunto delito de paralización de servicio público. El juicio por procedimiento directo será en 10 días", informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.

#AHORA | Por pedido de #FiscalíaEc, Juez David Jacho dicta prisión preventiva para asambleísta Yofre P., prefecto de Sucumbíos, Amado Ch., y 7 personas más por presunto delito de paralización de servicio público. El juicio por procedimiento directo será en 10 días (en desarrollo) pic.twitter.com/aH3yc7TQ1b

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 9, 2019

​Desde las filas del expresidente Rafael Correa (2007-2017) se denuncia que esto es parte de la "dura represión y persecución" del Gobierno.

"Total solidaridad a Yofre Poma, asambleísta por Sucumbíos y 7 personas más detenidas. Si esto hubiera sucedido en mi Gobierno, ¿se imaginan los titulares?", opinó Correa en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la Fiscalía señaló en un comunicado que estas personas fueron detenidas el 7 de octubre cuando habrían ingresado "violentamente" a las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en Sucumbíos.

"Los procesados habrían entrado a la sala de control de operaciones destruyendo las puertas del edificio y con la amenaza inminente de atentar en contra de la integridad de los equipos de bombeo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), así como de los operadores de Petroecuador", señala el texto.

La Fiscalía sostuvo que esto generó la detención durante dos horas y 19 minutos del SOTE, lo que implicó un perjuicio económico al Estado de más de un millón y medio de dólares.

La audiencia se realizará el próximo 18 de octubre, a las 09:00 hora local (14:00 GTM).

El delito de paralización de un servicio público está tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal  y es sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Ecuador afronta dificultades fiscales y de endeudamiento externo, por lo que buscó la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) firmando un préstamo por 4.200 millones de dólares este año, que incluye reformas y ajustes de gasto.

Tras el anuncio de una serie de medidas el 1 de octubre, entre ellas la eliminación de los subsidios al combustible, transportistas convocaron un paro general al que se sumaron otros sectores.

Las protestas se intensificaron, con cientos de detenidos, lo que llevó a Moreno a decretar estado de excepción y un toque de queda parcial.