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    La crisis en Ecuador tras las medidas económicas de Lenín Moreno (267)
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    MONTEVIDEO (Sputnik) — La Defensoría del Pueblo de Ecuador reiteró al Gobierno la necesidad de derogar el decreto por el cual se creó el estado de excepción, ya que a su entender no está cumpliendo con su fin que es el de detener la violencia.

    "La institución insiste en la necesidad de derogar el estado de excepción y abrir el diálogo, la fuerza pública ha encaminado su accionar al control de manifestantes, mientras la delincuencia ha proliferado; total rechazo a la violencia", publicó la Defensoría en la red social Twitter.

    ​El lunes el defensor del pueblo, Freddy Carrión Intriago, ya había solicitado en rueda de prensa que el Gobierno dé marcha atrás en el estado de excepción, en base a un informe que hizo el organismo que indica datos de heridos, cifras de detenidos y que contiene testimonios de manifestantes en contra de las medidas económicas del Gobierno anunciadas la semana pasada.

    En el informe indica que hay un "uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, cuyo accionar ha estado amparado en la declaratoria de un Estado de Excepción, que además de restringir derechos, no ha sido efectivo para mantener el orden y la seguridad, sino, al contrario, ha justificado actuaciones atentatorias en contra de los derechos humanos".

    El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó el estado de excepción a raíz del aumento de las protestas y de paros que restringían los servicios a la sociedad.

    La Defensoría del Pueblo asegura que la "represión y uso indebido del derecho penal ha sido el de mayor intensidad en los últimos años".

    Y pone como ejemplo que en la marcha por el agua y la vida, realizada en 2015, hubo 123 personas detenidas en cuatro días de protesta en el país.

    "Este resultado es inferior al actual, ya que hasta el momento se han registrado 485 detenciones", agregó la Defensoría en el informe.

    El 18% de los 485 detenidos fueron procesados.

    En el informe se indica que "la fuerza pública expuso a los/as ciudadanos/as a contextos de privación arbitraria de la libertad, tratos crueles, inhumanos y degradantes y hasta actos de tortura".

    Por ejemplo en Quito, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura evidenció que "el 96% de los privados de libertad entrevistados presentaban golpes y heridas ocasionadas durante la detención", agregó la Defensoría.

    Asimismo, la Defensoría reconoce que hay intereses políticos en algunos manifestantes.

    En el informe se indica que "la Defensoría del Pueblo enfatiza en la necesidad de consolidar a nuestro país como un Estado constitucional de derechos y justicia social, cuya base democrática por ningún motivo debe ser amenazada ni utilizada con fines políticos ni intereses particulares de grupos que buscan desestabilizar la institucionalidad del Ecuador".

    El presidente de Ecuador afirmó el lunes que la violencia y saqueos que han ocurrido en los últimos días en el país son un intento de golpe de Estado organizado por el exmandatario Rafael Correa (2007-2017) y el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro.

    Moreno aseguró que no anulará las medidas económicas propuestas el 1 de octubre, ampliamente criticadas principalmente por la eliminación de los subsidios por 1.300 millones de dólares al combustible y reformas laborales que afectan a empleados públicos.

    En la tarde del lunes se registraron diversos enfrentamientos entre manifestantes y policías en distintos puntos de Quito.

    Debido a las protestas, Moreno trasladó la sede del Gobierno a Guayaquil (oeste) desde la capital ecuatoriana.

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