"Para el Gobierno de Nicaragua resulta inadmisible la parcialidad, subjetividad y el doble rasero que insiste en utilizar la CIDH en el tratamiento de los derechos humanos en la región", denunció Ruth Tapia, nueva embajadora de ese país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en declaraciones reproducidas por la web 19digital.
La diplomática consideró el aniversario 60 de la CIDH una buena ocasión para que la OEA reflexione sobre el rumbo que ha tomado la Comisión y las falencias en su actuación, que ha tenido, según Tapia, como consecuencia un deterioro de la relación con los estados miembros.
La representante del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, instó a los comisionados a que actúen con imparcialidad.
"Dejen de traer informes llenos de mentiras a la OEA y ajusten su actuación a la función asignada por los Estados, a fin de coadyuvar con imparcialidad en la promoción y protección de los derechos humanos de todos los países de la región, para que pueda tener credibilidad como Comisión", dijo Tapia.
La funcionaria aseguró que Nicaragua trabaja arduamente para recuperar la paz, el orden y la estabilidad en el país, y aunque respeta los puntos de vistas u opiniones de todos, considera que en todo Estado democrático y de derecho se debe respetar la Constitución, las leyes y la institucionalidad.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó en agosto pasado la creación de una comisión especial para analizar la crisis que sufre Nicaragua desde abril de 2018, a raíz de protestas antigubernamentales que dejaron decenas de muertos y pérdidas millonarias.
La OEA acompañó junto al Vaticano las negociaciones del Gobierno de Nicaragua con la opositora Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ) para superar la crisis política desatada tras las protestas antigubernamentales de 2018.
La parte opositora interrumpió unilateralmente y en varias ocasiones el proceso de diálogo que transcurría en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, alegando falta de voluntad política del oficialismo.
El Gobierno cumplió el acuerdo alcanzado en su negociación con la ACJD de liberar antes del pasado 18 de junio a todos los opositores detenidos desde los disturbios desatados en abril de 2018.
Para ello, cada parte elaboró sendas listas de reos a liberar, cotejadas y entregadas para su revisión al Comité Internacional de la Cruz Roja, con el acompañamiento del Vaticano y del exministro uruguayo Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la OEA.
Tras la excarcelación de varios grupos de detenidos, la Asamblea Nacional (parlamento) aprobó el pasado 8 de junio una ley de amnistía que posibilitó liberar entre el 10 y 11 de ese mes al resto de los detenidos durante las protestas antigubernamentales.
