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    Presidentes destituidos, Congresos disueltos y crisis institucionales son los escenarios políticos más extremos que la historia latinoamericana conoce tras las luchas entre presidentes y parlamentos. En esta nota, algunas de las últimas batallas más virulentas entre los poderes del Estado.

    Cuando el francés Montesquieu desarrolló la teoría de la separación de poderes, concluyendo que el ejecutivo, el legislativo y el judicial debían recaer en manos diferentes, seguramente no imaginó el larguísimo historial de enfrentamientos entre los Gobiernos y sus parlamentos que se desencadenaría.

    La política moderna tiene varios ejemplos y los países desarrollados no se escapan a los conflictos. La decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender el Parlamento para evitar un revés al Brexit, y el consiguiente rechazo de los parlamentarios y del Tribunal Supremo del Reino Unido, demostró la vigencia de los conflictos entre poderes incluso en el primer mundo.

    EEUU no es la excepción, ya que el Congreso se encuentra en medio de un proceso de juicio político contra su presidente, Donald Trump. El mandatario calificó la iniciativa, promovida por los parlamentarios del Partido Demócrata, como un "golpe de Estado".

    Y el enfrentamiento entre el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y el Congreso, que el 30 de septiembre derivó en la disolución del Legislativo, no es algo nuevo en la historia latinoamericana.

    Las dictaduras de los años 70 en Suramérica

    En América Latina los Gobiernos y sus Parlamentos han tenido infinidad de encontronazos, algunos de los cuales desataron graves crisis institucionales. Varias de las dictaduras de Suramérica en las décadas del 70 y 80 se iniciaron tras enfrentamientos entre los presidentes y los parlamentarios.

    En 1973, el Congreso chileno aprobó un acuerdo sobre "el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República", en el marco del conflicto que mantenía con el entonces presidente, Salvador Allende. La ofensiva de la derecha chilena en el parlamento derivó en el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas, lideradas por Augusto Pinochet, y la muerte de Allende.

    El mismo año Uruguay vivió un proceso similar. La Justicia Militar acusó al senador Enrique Erro de mantener contactos con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) y solicitó al Parlamento su desafuero. El Senado rechazó el pedido y mantuvo la protección constitucional al legislador. 

    Sin embargo, el entonces presidente, Juan María Bordaberry, decretó la disolución del Parlamento el 27 de junio con el apoyo de las Fuerzas Armadas, dando inicio a una dictadura cívico-militar.

    El 'autogolpe' de Alberto Fujimori en Perú en 1992

    Alberto Fujimori había ganado las elecciones de 1990, aunque su partido 'Cambio 90' no tenía mayorías parlamentarias. Con la lucha contra el terrorismo —particularmente el grupo Sendero Luminoso— como uno de sus ejes, Fujimori cuestionaba frecuentemente al Congreso por no otorgarle los poderes especiales que deseaba para encarar esa tarea.

    El Congreso, por su parte, estaba liderado por el Partido Aprista Peruano y el Frente Democrático, desconfiaba de los poderes especiales requeridos por Fujimori, al tiempo que ya comenzaba a investigar violaciones a los derechos humanos cometidos bajo su mandato.

    La tirantez entre los poderes explotó el 5 de abril de 1992, cuando el presidente instaló un 'Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional', disolviendo el parlamento y convocando a un Congreso Constituyente Democrático.

    El Congreso rechazó la medida y continuó sesionando en la sede del Colegio de Abogados de Lima. Los parlamentarios aprobaron la vacancia de Fujimori y nombraron al vicepresidente Máximo San Román como presidente constitucional.

    Sin embargo, el respaldo de las Fuerzas Armadas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Congreso Constituyente Democrático (en el que el fujimorismo había obtenido mayoría) terminaron por ratificar a Fujimori como nuevo presidente constitucional en 1993.

    Golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009

    La crisis política que culminó con la detención y el derrocamiento del presidente hondureño Manuel Zelaya se inició en el diferendo que mantuvo con el Congreso por lo que se conoció como la 'Cuarta urna', es decir, la voluntad del presidente de sumar la elección de integrantes de una Asamblea Nacional Constituyente a los comicios que se realizarían en noviembre de 2009.

    La intención de Zelaya fue rechazada por la oposición, que desde el Congreso promovió la aprobación de una ley que prohibía la realización de la consulta popular prevista por Zelaya para habilitar la reforma constitucional.

    Al entender que el Congreso no podía restringir la consulta popular, Zelaya decidió seguir adelante con la elección y pidió al Ejército distribuir las papeletas de votación para la elección que se desarrollaría el 28 de junio. Las acciones de Zelaya comenzaron a tener también el rechazo de las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema de Justicia, que llegó a ordenar la detención del presidente.

    Zelaya fue detenido por militares dentro de su propia casa, la misma mañana de la consulta popular que había impulsado. Mientras el mandatario era expulsado hacia Costa Rica, el Congreso se reunió de forma extraordinaria para votar la destitución del mandatario.

    La destitución de Fernando Lugo en Paraguay en 2012

    Fernando Lugo había ganado las elecciones de 2008, aunque no pudo consolidar una mayoría parlamentaria propia en el Congreso. Los sucesos que llevaron a su destitución comenzaron en mayo de 2012, con la ocupación durante tres semanas de la finca 'Campos Morombi', en la localidad de Curuguaty, por parte de un grupo de campesinos preocupados por la falta de tierras motivó la acción de la Policía paraguaya.

    Sin embargo, las gestiones policiales culminaron con una masacre en la que murieron 17 campesinos y 6 policías y desataron una crisis política que, además de incluir la renuncia del ministro del Interior y el comandante de la Policía, llevaron a la oposición a proponer un juicio político contra Lugo.

    La acusación fue presentada por el Partido Colorado y contó con los legisladores de Patria Querida y del Partido Liberal, que había conformado una coalición con Lugo y tenía en sus filas al entonces vicepresidente Federico Franco.

    La demanda contra Lugo se basaba en cinco puntos que incluían tipificaciones diversas como haber sido "instigador" de la toma de tierras por parte de campesinos, generar "la constante confrontación y lucha de clases sociales" o la "falta de reacción" a la muerte de los campesinos y policías en Curuguaty.

    Los defensores de Lugo señalaron en todo el momento que el proceso estaba viciado de nulidad, ya que no existían pruebas que ameritaran iniciar el juicio. A pesar de que la defensa de Lugo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la acusación, el Senado paraguayo declaró a Lugo culpable por 39 votos contra cuatro y, acto seguido, nombró a Franco en el poder.

    Lugo aceptó la destitución y se retiró del Gobierno, pidiendo al pueblo que las movilizaciones sociales fueran pacíficas. Franco, por su parte, gobernó hasta agosto de 2013, cuando unas nuevas elecciones dieron la victoria a Horacio Cartes, del Partido Colorado.

    La destitución de Dilma Rousseff en Brasil en 2016

    En 2011, Dilma Rousseff se convirtió en la primera mujer en llegar a la Presidencia en la historia de Brasil. Tras dos períodos de Luis Inácio Lula da Silva (2003-2007 y 2007-2010), Rousseff también fue reelecta en 2014, ganando los comicios de ese año tras una alianza entre el Partido de los Trabajadores y varios partidos entre los que se encontraba el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Producto del acuerdo, Michel Temer fue candidato a la Vicepresidenta.

    En un contexto de menor apoyo popular por la situación económica del país, la oposición a Rousseff comenzó a preparar el pedido de juicio político o 'impeachment', asegurando que la mandataria había incurrido en la violación de la Ley Presupuestal, al tomar préstamos públicos sin la aprobación del Congreso y no cumplir con la meta fiscal prevista para 2015.

    Las acusaciones vinculadas a la operación Lava Jato, que comenzaban a recaer en figuras como la del presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha (miembro del PMDB), hicieron que su bloque comenzara a enfrentarse al PT y al Gobierno de Rouseff. Así, fue el propio Cunha quien dio ingreso formal a la solicitud de juicio político contra la presidente, el 2 de diciembre de 2015.

    Cunha intentó conformar la comisión de 65 miembros destinada a estudiar el caso al día siguiente, pero un recurso presentado por el Gobierno ante el Supremo Tribunal Federal postergó la decisión hasta marzo de 2016, cuando finalmente se conformó la comisión. La Cámara de Diputados trató el caso en abril y, tras aprobar el juicio, lo derivó al Senado, que aprobó la destitución de Rousseff el 31 de agosto y nombró a Temer como presidente.

    La Asamblea Nacional venezolana en desacato en 2016

    Las elecciones legislativas desarrolladas en Venezuela el 6 de diciembre de 2015 sorprendieron con una victoria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). En efecto, la alianza integrada por la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro obtuvo 112 de los 167 de los escaños en la Asamblea Nacional.

    Sin embargo, el oficialismo denunció una maniobra de 'compra de votos' de la oposición en el estado de Amazonas. El 31 de diciembre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió la proclamación de tres diputados electos por esa circunscripción.

    La MUD rechazó la resolución del TSJ y el 5 de enero de 2016, día previsto para la asunción del nuevo legislativo, asumieron los tres legisladores suspendidos. Además, denunció la situación ante la OEA. La acción desató un conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que declaró al organismo "en desacato" y anunció que todos sus actos serían nulos mientras los legisladores formaran parte del cuerpo.

    Los siguientes meses serían de continuas disputas entre el Gobierno de Maduro y el parlamento en desacato. El 1 de mayo de 2017, Maduro anunció la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, elegida por el voto popular y encargada de redactar una nueva Constitución. Los comicios fueron realizados el 30 de julio de ese año para elegir a los 545 miembros.

    La Asamblea Constituyente se instaló el 4 de agosto y, con poderes "plenipotenciarios", adoptó algunas funciones de la Asamblea Nacional. Otras habían sido asumidas previamente por el propio Tribunal Supremo. Si bien tenía previsto funcionar hasta mediados de 2019, los constituyentes aprobaron en mayo una moción para continuar en funciones hasta el 31 de diciembre de 2020.

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