"Lo que ha ocurrido es un golpe a la corrupción (...) los que critican la decisión del presidente pertenecen a sectores vinculados a la corrupción que querían seguir en el parlamento porque era el único espacio que les podía garantizar un nivel de protección frente a investigaciones judiciales", dijo a esta agencia Huilca.
El presidente Vizcarra dispuso la clausura del Congreso y la celebración de elecciones parlamentarias para el 26 de enero, al considerar que el órgano legislativo rechazó por tercera vez una cuestión de confianza solicitada por el Ejecutivo, en este caso para el tratamiento de un proyecto de ley que modificaba el proceso para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional.
Pero el Congreso, dominado por el partido opositor y fujimorista Fuerza Popular (derecha), estimó que el mandatario se extralimitó en sus funciones, ya que mientras Vizcarra anunciaba la clausura de la legislatura, los diputados aprobaron la cuestión de confianza que se habían negado a tratar poco antes.
El Poder Legislativo aprobó entonces una suspensión del mandato de Vizcarra por un año y nombró de forma interina en la presidencia a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.
Huilca sostuvo que "de ninguna manera" la medida presidencial podría considerarse un golpe de Estado.
"Esta es una situación límite que se da en medio de un proceso de crisis institucional; los hechos de corrupción que se han ido conociendo en los últimos años en nuestro país vinculados al tema de Lava Jato y al sistema de justicia, han disparado una situación de crisis y de cuestionamiento de la legitimidad de las autoridades", agregó.
"En ese proceso de crisis ha habido quienes han intentado del otro lado resistir al avance de esos procesos de investigación. (...) de hecho, ahora se habla de que próximamente va a venir de la Fiscalía peruana información de congresistas vinculados a situaciones de financiamiento ilegal de campaña por parte de Odebrecht", agregó.
Consideró que Perú es uno de los países donde más ha avanzado el conocimiento de los hechos vinculados a la presencia de empresas extranjeras tenían vínculos con los sectores políticos.
Por otro lado, la congresista dijo que en el último año el presidente planteó una reforma al sistema de justicia y al sistema de partidos políticos.
"Estas reformas fueron no solamente contenidas sino incluso rechazadas en alguna dimensión por la mayoría fujimorista del Parlamento, lo que llevó a un momento límite como el de ayer (...) Muchos congresistas han utilizado la inmunidad parlamentaria para no responder ante la justicia, es una situación que la gente ha percibido", dijo Huilca.
"Esta situación no es como la que ocurrió con Fujimori. No es que el parlamento va a dejar de existir, ya se ha convocado para enero del 2020 elecciones, mientras tanto quienes asumen funciones son los integrantes de la Comisión Permanente del parlamento, que es una instancia representativa de lo que fue el pleno", agregó.
Fujimori en 1990 se convirtió en presidente de Perú, pero con el autogolpe de estado de 1992, tomó las instituciones y modificó la Constitución Política del Perú de 1979 para añadir su reelección presidencial inmediata.
El expresidente viene cumpliendo una pena de cárcel de 25 años desde 2009, cuando fue condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato.
Vizcarra, quien completa el mandato del renunciante presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), carece de bloque legislativo propio y se ha visto enfrentado varias veces con la mayoría fujimorista en el Congreso, encarnada por el partido Fuerza Popular (derecha).
Todos los expresidentes del último ciclo democrático (excepto Alan García, quien se quitó la vida en abril antes de ser detenido) se encuentran presos o procesados por corrupción, al igual que la principal líder opositora, Keiko Fujimori.
