"Se trata de un golpe de Estado impulsado por el presidente Martín Vizcarra (...) el presidente no se ha basado en la Constitución, la ha forzado", dijo Rospigliosi, quien fue dos veces ministro del Interior del Gobierno de Alejandro Toledo entre los años 2001 y 2004.
El presidente Vizcarra dispuso el 30 de septiembre la clausura del Congreso y la celebración de elecciones parlamentarias para el 26 de enero, al considerar que el órgano legislativo rechazó por tercera vez una cuestión de confianza solicitada por el Ejecutivo, en este caso para el tratamiento de un proyecto de ley que modificaba el proceso para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional.
La Constitución prevé que dos rechazos sucesivos a un pedido de confianza durante un mismo período de Gobierno facultan al presidente a adoptar esa medida.
El Poder Legislativo aprobó entonces una suspensión del mandato de Vizcarra por un año y nombró de forma interina en la presidencia a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.
Rospigliosi alegó que el presidente interrumpió el proceso de designación del Tribunal Constitucional, que se llevaba a cabo desde hacía 10 meses y era "perfectamente legal", porque es una potestad del Congreso.
"Él no podía interrumpirlo en el último día cuando ya estaba programado para designar a los nuevos miembros del Tribunal; no hay ninguna posibilidad legal y lógica para que eso ocurra", agregó.
El Congreso rechazó tratar inicialmente el proyecto del Ejecutivo y procedió a votar a dos de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero ante la inminencia de que Vizcarra disolviera el Legislativo, los diputados aprobaron la confianza solicitada.
En su opinión "el desenlace es incierto y los únicos perjudicados son los peruanos, no sabemos en qué va a acabar esto", agregó.
El exministro dudó de que el presidente pueda sostenerse por demasiado tiempo en el poder.
"Ahora tiene el poder, sin duda, pero no va a durar demasiado; sus bases son muy endebles, su Gobierno es muy malo y en algún momento esto va a terminar mal, desgraciadamente", pronosticó.
El 30 de septiembre, partidos políticos, organizaciones civiles y ciudadanos salieron a las calles de Lima a marchar en apoyo de la decisión del presidente de cerrar el parlamento.
Todos los expresidentes del último ciclo democrático (excepto Alan García, quien se quitó la vida en abril antes de ser detenido) se encuentran presos o procesados por corrupción, al igual que la principal líder opositora, Keiko Fujimori.
