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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las autoridades federales mexicanas deben aclarar si salieron de un cuartel más de un centenar de fragmentos de huesos carbonizados que permitieron identificar a uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, dijo a Sputnik el sacerdote defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde.

    "Uno se debe preguntar de dónde salieron los restos que el Gobierno envió al instituto forense de la Universidad de Innsbruck (Austria), donde expertos identificaron que pertenecían a Alexander Mora Venancio (estudiante de Ayotzinapa)", dijo Solalinde, fundador del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, en Oaxaca (sur).

    El sacerdote agregó que "hoy sabemos que los cremaron en otro lugar, que no fue en el basurero de Cocula como dice la llamada 'verdad histórica'", en referencia a la versión entregada por el anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

    El Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI), que ayudó a la investigación federal, concluyó basado en peritajes de especialistas en fuego que fue imposible encender una pira con suficiente fuego capaz de calcinar 43 cuerpos en un basurero a cielo abierto de una quebrada de Cocula, pueblo vecino de Iguala, donde los jóvenes fueron atacados por policías y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

    "¿Dónde los quemaron? no lo sabemos; el GIEI concluyó que en Cocula no fue; si no fue allí, ¿entonces dónde fue? ¿Los incineraron en los hornos crematorios del 26 Batallón de Infantería del Ejército en Iguala, o dónde los cremaron?", dijo Solalinde, actual asesor del Gobierno federal en materia migratoria.

    Al analizar la oscura y caótica investigación "realizada con irregularidades" y acumulada en 150 tomos, la entonces procuraduría, ahora fiscalía, encontró decenas de restos más que nunca analizó ni investigó, según el sacerdote.

    "Se comprobó que era un estudiante, pero el Gobierno decía que tenía 60 fragmentos más, hasta hoy no sabemos exactamente de dónde sacó esos restos que envió a Austria", dijo.

    Esas preguntas las debe responder Jesús Murillo Karam, el entonces procurador (2012-2015) que construyó la llamada "verdad histórica" hoy desacreditada, y su jefe Peña Nieto.

    Con motivo del quinto aniversario de los ataques de patrullas policiales contra un centenar de estudiantes que viajaban en cinco autobuses, el presidente Andrés Manuel López Obrad ofreció recompensas por más de 75.000 dólares por cualquier información de los 43 desaparecidos y más de medio millón de dólares por uno de los atacantes, Alejandro Tenescalco Mejía.

    Este hombre era policía de Iguala y nunca ha pisado la cárcel.

    Solalinde asegura que hay gente que tiene más información, pero que ha guardado silencio hasta ahora, y puede perder el miedo con la nueva administración.

    Menos de un mes después de la tragedia, el 16 de octubre de 2014, Solalinde reveló por primera vez en entrevista con la agencia Sputnik y el diario austriaco Der Standard de Viena, que a los estudiantes "los mataron, y a algunos los quemaron vivos".

    El sacerdote se basó en confesiones de testigos entre los agresores que acudieron a él.

    Huellas del narco sin investigar

    A raíz de la entrevista, el religioso fue llamado a testificar oficialmente por el procurador Murillo Karam a sus oficinas, y aceptó acudir pero acompañado por la escritora Elena Poniatowska, ganadora del Premio Cervantes de literatura, como testigo de calidad.

    La categórica afirmación de Solalinde que levantó un revuelo fue que los estudiantes secuestrados por policías y narcotraficantes "estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel; dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos".

    Un lustro después, Solalinde suma a su pregunta sobre los militares el rol del narcotráfico, como el motivo crucial de la persecución y ataques concertados de patrullas policiales de cuatro municipios. Además de los 43 desaparecidos, esos ataques dejaron seis personas muertas, entre ellas tres estudiantes, y más de 25 heridos, algunos con secuelas para toda la vida.

    "Es imposible que una cuestión de interés nacional como el narcotráfico hacia Chicago desde Iguala en autobuses, no la sepa el presidente", subrayó el religioso.

    Tras cinco años de seguir los intríngulis del caso, concluye que al Gobierno anterior "no le importaba tanto encontrar los desaparecidos, sino que le importaba encubrir el tema de las drogas".

    Ahora se sabe del seguimiento que hacía la agencia antidrogas de EEUU (DEA en inglés) a las redes telefónicas del grupo criminal Guerreros Unidos, que participaron en las decisiones del crimen.

    "Los estudiantes se vieron involucrados en los ataques por equivocación, no habría pasado eso si no 'ocupaban' los autobuses, y los responsables sabían que iba a ser contraproducente si se revelaba el tráfico de heroína en los camiones que viajan a Chicago", señaló el sacerdote.

    Los vídeos recuperados de algunas cámaras de seguridad y testimonios de los sobrevivientes indican que los jóvenes de uno de los autobuses fueron subidos a una patrulla del pueblo vecino de Huitzuco, donde estaba "el patrón", y que allí viajaba el único alumno identificado, Mora Venancio.

    ¿Por qué solo él ha sido identificado?, es la pregunta que mortifica al religioso.

    Ese pueblo es enclave de una casta política, descendiente de un cacique y exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996), conocido por haber perpetrado actos represivos en su administración, pero no ha sido interrogado.

    El sacerdote confía en que desde la próxima semana fluya nueva información.

    "Todavía hay alguna persona que podría dar más información y mi esperanza es que alguno de ellos pueda hablar, tengo confianza que las personas que tienen más información colaboren con el secretario federal de Derechos Humanos (Alejandro Encina) y revelen lo que no han dicho por miedo", expresa con esperanza.

    Revela que estuvo en contacto "con testigos presenciales, gente que no había hablado, con miedo, me encontré con esa persona en total privacidad, al principio se molestaron conmigo (por sus relatos a la prensa), pero después colaboraron y dieron información".

    Ahora, con confianza en el Gobierno de López Obrador, Solalinde asegura que colabora "simplemente, como cualquier ciudadano, aportando lo que puedo, con la disposición para contribuir a que encontremos el paradero de los estudiantes", termina.

    Etiquetas:
    desaparecidos, Alejandro Solalinde, Ayotzinapa, México
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