Solo tres países de Suramérica carecen de leyes de acceso a la información pública

Es uno de los derechos humanos fundamentales y está consagrado por ley en la mayoría de los países, aunque en la práctica su ejercicio puede encontrarse con obstáculos. El acceso a la información cumple una  función esencial para empoderar a los ciudadanos, facilitar un debate justo y otorgar igualdad de oportunidades a todas las personas.

"Propicia una gobernanza transparente, responsable y eficaz y favorece la libertad de expresión, la diversidad cultural y lingüística y la participación en la vida pública", dijo Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, en un comunicado de prensa en el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información Pública celebrado cada 28 de septiembre.

El tema de la celebración de 2019 es "No dejar a nadie atrás", según Azoulay, una "misión en la que la tecnología digital es un recurso inestimable". Sin embargo, advirtió que la transformación digital sin precedentes de nuestra era también está dando lugar a nuevas formas de desigualdad. 

"La  innovación  digital debe  ir de la mano  de la obligación de los Estados de adoptar medidas legislativas para el acceso público a la información, o mejorar las existentes", aseguró la directora. 

La libertad de información ha sido consagrada como corolario de la libertad de expresión en otros instrumentos internacionales importantes, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969).

¡Tengo el derecho a saber!
¡Tienes el derecho a saber!
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— UNESCO en español (@UNESCO_es) September 25, 2019

​La legislación en materia de libertad de información refleja la premisa fundamental de que toda la información en poder de los gobiernos y las instituciones gubernamentales es, en principio, pública y solo podrá ser retenida si existen razones legítimas para no divulgarla, como suelen ser la privacidad y la seguridad.

Aquí los países de América Latina y el Caribe que tienen una ley que protege ese derecho, ordenados según año de aprobación:

1. Belice (1994)
2. Trinidad y Tobago (1999)
3. México, Panamá y Jamaica (2002)
4. Perú y San Vicente y las Granadinas (2003)
5. Ecuador, Antigua y Barbuda y República Dominicana (2004)
6. Honduras (2006)
7. Nicaragua (2007)
8. Chile, Uruguay y Guatemala (2008)
9. Brasil, El Salvador y Guayana (2011)
10. Colombia y Paraguay (2014)
11. Argentina (2016)
12. Saint Kitts and Nevi (2018)

Aún deberían legislar Venezuela, Suriname, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Santa Lucía, Barbados y Haití.

Según información de la Unesco, en 1990 solo 13 países del mundo habían adoptado leyes nacionales sobre libertad de información, mientras que en la actualidad hay más de 90 leyes aprobadas en la materia en todo el mundo; otras 20 o 30 están en estudio.

Este año la Unesco está realizando su evento principal en Lima (Perú), donde un intercambio entre periodistas, el público general y expertos en transparencia  y regulación de la información enriquecen el debate para evitar retrocesos y seguir avanzando en asegurar ese derecho que que, además, es una herramienta de combate a la corrupción.