"La Secretaría General de Naciones Unidas vulneró nuestros principios democráticos de autodeterminacion y polarizó a la sociedad guatemalteca a través de la CICIG, que vulneró los principios de soberanía nacional, no respetó nuestras leyes, socavó la institucionalidad, y desafió la gobernabilidad de la nación, con el consentimiento de la ONU, bajo la máscara de la lucha contra la corrupción y la impunidad, que le brindó el discurso perfecto para politizar la justicia y judicializar la política", expresó Morales ante el 74 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
En ese período, los tribunales guatemaltecos empezaron a dictar sentencias contra excomisionados militares, y miembros de la policía y el Ejército, incluyendo altos mandos.
Con la llegada de Morales al Ejecutivo, en 2015, comenzó un cuestionamiento a la labor del mecanismo implementado con apoyo de la ONU, y el 31 de agosto de 2018 el jefe de Estado anunció que no prorrogaría el mandato de la CICIG.
Según el jefe de Estado, la CICIG irrespetó el principio de presunción de inocencia, el derecho de la legítima defensa y la garantía judicial del debido proceso, abusando del digno encargo que le fue encomendado.
"¿A quién rendía cuentas la CICIG? ¿A la Secretaría General de Naciones Unidas, a los países donantes o al gobierno de Guatemala?", señaló Morales, quien además cuestiónó la moral y el profesionalismo del diplomático colombiano Iván Velásquez, extitular de la Comisión.
El presidente Morales afirmó que Velásquez se dedicó a desacreditar al país, con un actuar que dividió a la población guatemalteca, y lo acusó de convertir a la CICIG en una estructura criminal que cooptó la justicia guatemalteca.
"Guatemala abrió las puertas a la ONU, sin embargo, la baja moral y el poco profesionalismo de Velásquez lo llevó a cometer acciones que los buenos guatemaltecos no estamos dispuestos a perdonar ni olvidar", insistió Morales.
También resaltó la inversión millonaria en la reforestación de los bosques guatemaltecos, la negociación de una solución pacífica al diferendo fronterizo con Belice y los posibles aportes al multilateralismo que entrañaría el reconocimiento de Taiwán en el sistema de la ONU.
Sin embargo, el grueso de su discurso estuvo centrado en cuestionar el aporte de la CICIG, que entre 2007 y 2018 apoyó al Ministerio Público en la investigación de violaciones de los derechos humanos y de las estructuras criminales infiltradas en las instituciones del Estado.
