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    SAN SALVADOR (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó la negativa del Gobierno de Guatemala a presentarse en una audiencia sobre el retroceso de los derechos en esa nación centroamericana, alegando una supuesta injerencia del mecanismo continental.

    "Los argumentos del Estado de Guatemala parecen previos a la Segunda Guerra Mundial", estimó al respecto la abogada hispano-argentina Soledad García, relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, durante la transmisión digital de la audiencia.

    García cuestionó una misiva enviada el pasado 16 de septiembre por Jorge Luis Borrayo, coordinador de la políticas del Ejecutivo guatemalteco en materia de derechos humanos, en la cual se excusaba de asistir porque los temas a abordar ya habían sido tratados en audiencias previas.

    Borrayo agregó que el Gobierno de su país no reconoce que el tema de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sea objeto de discusión por ninguna instancia interna ni internacional, pues se trataría de una injerencia en asuntos internos.

    "Es lamentable que [el Estado de Guatemala] diga que la desaparición forzada es una injerencia a asuntos internos cuando hay un interés de la humanidad en evitarlo", agregó García.

    Al respecto, la comisionada Antonia Urrejola consideró "lamentable" que el Estado de Guatemala apele a un discurso ya superado de supuesta injerencia a la soberanía para ausentarse de este espacio de monitoreo, y desconozca estándares interamericanos con respecto a las amnistías en graves violaciones de derechos humanos.

    "¿Es aún una democracia Guatemala?", cuestionó Urrejola, que recordó al Gobierno que preside Jimmy Morales su obligación legal de responder ante la CIDH, como país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA).

    A la cita acudieron varios representantes de la sociedad civil de Guatemala, que dieron testimonios sobre "ataques arbitrarios" a la CICIG y sus colaboradores en instancias como la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

    Francisco Soto, del Centro para la Acción Legal por los DDHH en Guatemala, expuso la criminalización contra los jueces y fiscales a cargo de procesos de justicia transicional en su país, así como el cierre arbitrario del Archivo Histórico de la Policía Nacional Civil, que guarda documentos sobre la represión estatal durante la guerra civil (1960-1996).

    Soto agregó que el anteproyecto de Ley 5377 para amnistiar a los responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes durante el conflicto armado ya fue aprobado en su segundo lectura y solo falta una tercera para su ratificación, tras lo cual los condenados por tales delitos serían liberados en menos de 24 horas.

    Jorge Santos, representante de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, afirmó que la ausencia del Estado en esta rendición de cuentas sobre la independencia judicial evidencia el retroceso en democracia en la nación centroamericana.

    Guatemala es el país latinoamericano con más medidas cautelares otorgadas por la CIDH por solicitud de la Corte Constitucional y del poder judicial de ese país.

    Etiquetas:
    derechos humanos, CIDH, Guatemala
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