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    Soldados del Ejército de Paraguay (archivo)

    "Paraguay pretende militarizar la seguridad y pone en riesgo la democracia"

    © AP Photo / Cesar Olmedo
    América Latina
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    MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno de Paraguay está impulsando varios proyectos de ley que apuntan a militarizar la seguridad interna, lo que puede poner en riesgo tanto la democracia como los derechos civiles, alertó en diálogo con Sputnik el abogado constitucionalista paraguayo Jorge Vasconcellos.

    "Existe un intento de militarización en Paraguay por parte del Gobierno (...) Con ello se arriesga la seguridad ciudadana y la vigencia de los derechos civiles en Paraguay. Finalmente, constituye un problema grave para el sistema de convivencia democrático. Existe la posibilidad de que todo el camino que hemos construido con mucho sacrificio a través de 30 años de la instauración democrática vaya retrocediendo a épocas que creíamos que habíamos superado", dijo a Sputnik Vasconcellos.

    Desde el 21 de septiembre, efectivos de las Fuerzas Armadas custodian todas las penitenciarías de Paraguay luego de que el Gobierno decidió hacer una declaración de emergencia penitenciaria, informó el diario Última Hora.

    Incluso hay seis tanques instalados en las diferentes cárceles.

    El Gobierno de Mario Abdo Benítez impulsa un proyecto de reforma constitucional que pretende otorgarle a las Fuerzas Armadas "una nueva misión" contra los grupos narcotraficantes, lo que ha generado muchas críticas desde varios sectores, especialmente desde los policías, que señalan que se pretende una "militarización" en Paraguay.

    El 16 de septiembre, policías, familiares de agentes activos y retirados se manifestaron en distintos puntos del país para pedir la remoción del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, y contra las intenciones gubernamentales de ampliar el rol de los militares.

    Roles separados

    Vasconcellos dijo a Sputnik que la Constitución establece "claramente" los roles separados de las Fuerzas Armadas y de la policía.

    Los militares tienen a su cargo la custodia de la integridad territorial, de la soberanía y de la defensa de las autoridades creadas por la Constitución, mientras que las fuerzas policiales tienen que proteger la seguridad interna y el orden público, explicó.

    "Lo que quiere hacer el Poder Ejecutivo es, a través de la enmienda, otorgarle a las Fuerzas Armadas también el control de la seguridad interna. Esa es una situación que nos lleva al año 1940", agregó.

    El experto consideró que existe "un temor" de que se "desnaturalice" el rol de las Fuerzas Armadas con el proyecto de ley que plantea dotarle al Ministerio del Interior una cadena de mando en el orden público de la seguridad interna.

    "Con ello se politizaría no solamente el manejo de la seguridad interna sino también el manejo de las Fuerzas Armadas", advirtió.

    Las razones del ejecutivo

    El 7 de septiembre, Abdo Benítez dijo que las Fuerzas Armadas tienen una "capacidad ociosa" y lamentó que actualmente no puedan operar contra el crimen, informó el diario ABC Color.

    El mandatario sostuvo que los militares deberían tener más libertad para operar en las zonas fronterizas, penitenciarias y en los aeropuertos.

    "Hoy y en el mundo las Fuerzas Armadas ya cumplen un rol diferente y son más protagonistas en la lucha contra el crimen organizado", afirmó.

    El presidente subrayó la importancia de adecuar las Fuerzas Armadas a las necesidades de la sociedad moderna, así como de trabajar para "equilibrar la batalla desigual" que actualmente se libra entre las fuerzas del orden público y la criminalidad.

    Asimismo, este 23 de septiembre el diario La Nación informó que el Poder Ejecutivo se "puso a estudiar y analizar modelos de movilización militar de otros países a fin de redactar un proyecto de enmienda constitucional para que las Fuerzas Armadas de la Nación salgan a las calles a combatir el crimen organizado".

    Soluciones

    Vasconcellos señaló que en los últimos meses se ha producido en Paraguay una "escalada de violencia", lo que hace que la mayoría de la población acepte este tipo de políticas.

    "La seguridad interna se encuentra bastante afectada por la falta de políticas adecuadas. En consecuencia, la sociedad se encuentra esperando una suerte de receta mágica que permita restablecer el orden público. Pero las experiencias determinan que el involucramiento de las fuerzas militares en la seguridad interna normalmente no dan los resultados esperados", agregó.

    Consideró que la presentación de proyectos de militarización por parte del Gobierno se dan por "falta de visión, capacidad de manejo de crisis y desconocimiento".

    Paraguay necesita otro tipo de soluciones, como es una policía más ágil, mejor equipada e instruida, dijo Vasconcellos.

    "Tenemos una policía que hace un tiempo atrás ha dejado de cumplir el rol que le corresponde. Aproximadamente tenemos 60.000 órdenes judiciales de captura sin cumplirse y la capacidad de las cárceles se encuentra absolutamente colapsada con 14.000 recluidos de los cuales el 80% no tiene condena", agregó.

    La discusión de los dos proyectos de enmienda se da en momentos en que el ministro del Interior es fuertemente cuestionado por algunos sectores de la población luego de que el 12 de septiembre un policía resultara herido en un tiroteo con integrantes el grupo criminal brasileño Comando Vermelho.

    La Policía señaló que 8 desconocidos habrían atacado a tiros a patrulleros y a un camión de traslado de internos para rescatar al líder del Comando Vermelho, Jorge Teófilo Samudio González, alias "Samura", quien logró escapar en medio del enfrentamiento.

    Según medios locales, habría una investigación en marcha contra el director del penal de Emboscada, Juan Carlos Irala, por haber reducido al mínimo las medidas de seguridad para el traslado del jefe narco.

    Las autoridades desconocen si el Samura sigue en el país.

    El Comando Vermelho es el grupo delictivo más antiguo de Brasil, existe desde 1969 y se dedica principalmente al narcotráfico.

    Etiquetas:
    militarización, seguridad, Paraguay
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