"El informe de 169 páginas 'Mafias en la selva: Cómo la violencia y la impunidad propician la deforestación en la Amazonía brasileña' documenta cómo la tala ilegal por redes delictivas y los consecuentes incendios forestales están relacionados con los actos de violencia e intimidación cometidos contra los defensores de la selva amazónica y con fallas del Estado, que no investiga de forma adecuada ni juzga esos delitos", dijo HRW en la presentación del reporte.
La organización realizó entrevistas a habitantes de las zonas afectadas, así como a funcionarios gubernamentales, para su reporte que abarca también los nueve primeros meses del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien asumió el 1 de enero.
Bolsonaro recortó el presupuesto y el personal del organismo de control ambiental, Ibama, y se ha declarado a favor de levantar restricciones ambientales en la selva a las que considera un obstáculo para el desarrollo.
Las actividades agropecuarias y la tala han sido fuertemente criticadas en las últimas semanas pues sus operaciones causan la deforestación, que en Brasil es mayormente ilegal, que causó incendios que arrasaron miles de hectáreas de la Amazonía y el bioma del Cerrado.
De los más de 300 asesinatos ocurridos en el contexto de conflictos por el uso de las tierras y de los recursos naturales en la Amazonía en la última década, registrados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), solo 14 llegaron a juicio, dijo HRW.
La organización dijo que examinó 28 asesinatos, la mayoría ocurridos desde 2015, "en los cuales existen pruebas convincentes de que los responsables se dedicaban a la deforestación ilegal y consideraban que sus víctimas constituían un obstáculo para sus actividades delictivas".
De acuerdo al informe, algunas víctimas eran funcionarios ambientales, pero la mayoría eran miembros de comunidades indígenas o personas que habían denunciado la tala ilegal.
