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    MONTEVIDEO (Sputnik) — El gobernante Frente Amplio (FA) de Uruguay ha realizado un manejo político de las cifras de delitos, generando datos poco confiables, dijo a Sputnik el encargado de asuntos de seguridad pública del opositor Partido Nacional (PN), Álvaro Garcé.

    "Estoy convencido de que hubo un manejo político de las cifras (de delitos) y que eso llevó a una pérdida en la confiabilidad" de los datos oficiales, dijo el abogado.

    Garcé, quien fue entre 2005 y 2014 Comisionado Parlamentario Penitenciario (ombudsman) agregó que las cifras sobre delincuencia del Gobierno del FA (centroizquierda) son "confusas, tardías (y) poco confiables".

    En 2018 se registraron 414 homicidios, cifra récord para este país sudamericano, que supuso además un incremento de 45,8% respecto del año anterior y elevó la tasa nacional a 11,2 homicidios cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América del Sur.

    Las denuncias de rapiñas sumaron 29.904 en todo el país durante 2018, un incremento de 53,8% respecto al año anterior.

    "La situación de inseguridad hoy es la peor de toda la historia" de Uruguay, aseguró Garcé.

    Por su parte, el Ministerio del Interior presentó los datos correspondientes al primer semestre de este año, en los que se observa un descenso de los homicidios y los hurtos y un crecimiento de las rapiñas, aunque de menor magnitud que en años anteriores.

    Sin embargo, la poca transparencia de las cifras no permite determinar si efectivamente hubo una disminución de los delitos, opinó Garcé.

    "No tenemos como ciudadanía un control de cómo se elaboran esas cifras, cómo se clasifican los delitos, con qué criterios. Por lo tanto, que nos digan que bajaron las rapiñas o que bajaron los hurtos es bajó el registro que es dado a conocer por el Ministerio del Interior", dijo el abogado.

    Respecto de las rapiñas, el referente del conservador PN observó que además de lo que se conoce como "cifra oculta", pues no todos los delitos son denunciados, el Gobierno ha modificado los criterios para su registro.

    "Creo que por la vía administrativa se fueron elevando los requisitos para categorizar determinadas conductas por encima de los tipos penales, porque para que haya una rapiña alcanza una amenaza, o la violencia psicológica, entonces: ¿de dónde o con qué sustento legal, a nivel administrativo se categoriza la rapiña cuando solamente hay violencia física?", inquirió Garcé.

    El excomisionado parlamentario, cuyo nombre se maneja como posible ministro de Interior en caso de que el PN triunfe en las elecciones de octubre, dijo que el próximo Gobierno tendrá que blanquear las cifras de delitos que se cometen en este país.

    "El Gobierno que venga tiene que hacer un sinceramiento de lo que está pasando. Sinceramiento es hacer una auditoría y al cabo de unos meses de gestión decir exactamente cuál es la situación real. Tenemos la sensación de que lo que nos dice el Ministerio del Interior, salvo los homicidios, no es representativo de la realidad", insistió.

    La seguridad pública

    El Gobierno uruguayo no cumplió con las promesas de mejorar la situación de la seguridad pública, lo que hace que las propuestas de su candidato presidencial no sean creíbles, dijo Álvaro Garcé.

    "Si una fuerza política que prometió resultados, que los cuantificó, no solo no los cumplió, propone y postula a los mismos referentes para el futuro, me parece que está en su derecho de hacerlo, pero hay un problema de legitimidad en la sustentación de sus propuestas", dijo el abogado.

    Garcé sostuvo que el hecho de que el encargado del oficialismo en seguridad, Gustavo Leal, integre actualmente el Ministerio del Interior, evidencia que el partido de Gobierno "tiene un problema serio de credibilidad, de ofrecer un cambio en la política de seguridad, porque los actores son los mismos".

    Quien fuera Comisionado Parlamentario Penitenciario (ombusdman) entre 2005 y 2014, dijo a esta agencia que un gobierno del PN tendrá cuatro o cinco líneas de acción sobre seguridad pública basadas en el respaldo político y legal a los funcionarios policiales.

    También se buscará redistribuir los recursos de la policía, modificando las estrategias de prevención y represión del delito, e involucrando en mayor medida a la comunidad en el combate a la delincuencia.

    Instalar físicamente el control

    Garcé dijo que respaldar a la policía "no significa dar un cheque en blanco", y que ese respaldo debe darse "en un binomio inseparable con el control".

    En este sentido destacó que si llega a ser Gobierno, el PN implementará un fortalecimiento de la división de Asuntos Internos, que tendrá representación en todas las jefaturas de policía del país para "instalar físicamente el control" de los funcionarios policiales.

    Otro de los puntos que destacan del programa del PN en el área de seguridad es la formación policial, incluyendo cambios en los aspectos curriculares en el programa de la Escuela Nacional de Policía.

    "Habría que priorizar mucho más la formación en aspectos típicamente policiales, sin desmedro de cuestiones doctrinarias; pero hay que darle a la policía un entrenamiento que hoy no lo está teniendo", explicó Garcé.

    El abogado agregó que otro punto importante es el de la política de admisión, ya que, aseguró, durante las administraciones del Frente Amplio (FA), que gobierna este país desde 2005, han ingresado a la escuela de policía personas con pasado delictivo.

    "Hay que seleccionar muy bien a las personas que ingresan a la policía nacional; en los últimos años han ingresado personas con antecedentes penales: eso es inaceptable", dijo.

    Recuperar la figura del comisario y volver a darle protagonismo a las comisarías barriales es otro de los aspectos que resaltó el referente del PN.

    Según Garcé, la reestructura ensayada por el Gobierno alejó a la población de la policía.

    "El despliegue por comisarías es el que históricamente le ha dado resultado a la policía nacional, y sobre todo supone el restablecimiento de una cercanía que se fue perdiendo, despersonalizando, enfriando y alejando", dijo el excomisionado parlamentario.

    El referente en seguridad del PN respondió a las críticas del oficialismo, que acusa a la oposición de querer "regresar a esquemas perimidos".

    "Lo que queremos son comisarías modernas, del siglo XXI, que le den al ciudadano la posibilidad de saberse y sentirse escuchados y respaldados", afirmó Garcé.

    Vecinos en alerta

    El especialista, mencionado como posible ministro del Interior si el PN triunfa en las elecciones nacionales, destacó las Mesas Locales para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, instancias de encuentro entre policías, vecinos y representantes de organizaciones que trabajan en los barrios, para tratar temas relacionados a la seguridad.

    Estos espacios fueron creados en 2006 pero tuvieron una mayor presencia del Ministerio del Interior desde el año 2015.

    Sin embargo, Garcé aseguró que no han tenido los resultados esperados.

    "Nadie desconoce la existencia de las mesas de seguridad y convivencia, pero la ciudadanía se fue alejando progresivamente, porque no se sentía escuchada y sentía que no tenía una devolución, una rendición de cuentas efectiva de los planteos que realizaba", observó.

    En esta misma línea, el programa del PN propone fomentar espacios de participación del tipo de los conocidos como "vecinos en alerta", una iniciativa que adoptan habitantes de algunos barrios para vigilar la zona donde viven y se comunican en grupos de WhatsApp.

    "Queremos potenciar todas las alternativas de participación que desemboquen en una cultura de prevención del delito", explicó el abogado.

    Consultado respecto a si se tomarán precauciones para evitar linchamientos, Garcé dijo que estos casos no pasan por la figura del "vecino en alerta", sino "por la ira de una población que se siente indefensa".

    "Vecinos en alerta es una alternativa controlada y organizada, no una expresión de enojo y romper todo. Esas expresiones se dan a veces por el efecto de olla a presión cuando se captura a un delincuente in fraganti, y a partir de ahí viene una liberación, una especie de fuerza ciega que termina en un casi linchamiento", describió.

    Para Garcé, "esas expresiones hay que tomarlas como un dato muy poderoso de la realidad, pero no están asociadas a esas organizaciones de vecinos, sino que son el enojo que va por fuera de esas organizaciones".

    Uruguay celebrará elecciones el próximo 27 de octubre.

    En caso de que ninguno de los candidatos obtenga 50% más uno de los votos, los dos postulantes con mayor número de sufragios, competirán en una segunda vuelta el domingo 24 de noviembre.

    El candidato del PN, Luis Lacalle Pou, tiene grandes chances de ser el próximo presidente de Uruguay, según varias encuestas.

     

    Etiquetas:
    oposición, delitos, Uruguay
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