"Creemos que en una sociedad democrática como la nuestra debe haber un espacio alternativo para que los pueblos que vienen sufriendo las consecuencias agresivas y de violencia, ya sea por la criminalización de la protesta o la contaminación de nuestras aguas y nuestro aire abramos un espacio para decir nuestra verdad, una verdad que los empresarios no van a decir", afirmó Gálvez, abogada de profesión.
De acuerdo a Gálvez, la cumbre convocará a organizaciones sociales, gremios de mineros, colectivos civiles, organizaciones políticas y personas interesadas en general por los efectos negativos de esta actividad extractiva en Perú.
En palabras de Gálvez, "en Perúmin se reúnen empresarios mineros de todo el mundo para hablar de la bonanza, el desarrollo y el bienestar que trae a los pueblos la minería".
Sin embargo, la cumbre de los pueblos afectados por la minería busca responder a cuestionamientos y problemas que no son atendidos debidamente por la oficialidad y quedarían "al margen del debate", añadió.
Gálvez informó que uno de los temas principales de la cumbre será el de cambiar la Constitución.
"En Perú necesitamos una nueva Ley de Minería (la actual data de 1992) y esto pasa por una nueva Constitución que permita concretar este cambio, si queremos ordenamiento territorial o certificación económica, nada de eso lo podríamos hacer bajo la Constitución que tenemos", indica la abogada.
Por otro lado, asegura que la actual Carta Magna "no está planteada para un proyecto de país que valore actividades económicas sostenibles como la agricultura y donde la minería no sea el eje para el desarrollo".
La Cumbre de Pueblos Afectados por la Minería elaborará un documento final que el comité organizador espera pueda ser recibido por el Gobierno para atender "la otra cara" de esta actividad económica en Perú.
La minería representó el 60,2% del total de las exportaciones en 2018, según cifras del Ministerio de Energía y Minas, lo que da una idea de la importancia económica de dicha actividad en el país.
