"Es un proyecto que inaugura una etapa histórica en lo que llamaremos autoritarismo en la democracia, que pretende castrar todo tipo de protesta y manifestación pública de cualquier carácter, porque la clase política dominante tiene mucho miedo", advirtió Albino Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en un vídeo compartido el gremio en su cuenta de la red social Facebook.
Vargas advirtió que tras la llamada Ley Mordaza, como califican al recién aprobado proyecto de ley 21.049, vienen medidas más drásticas de ajuste estructural de la economía, y dicha clase dominante teme que el pueblo le pida cuentas por la creciente desigualdad.
"[Este anteproyecto] marca una involución, un retroceso para Costa Rica, que alguna vez se posicionó como el país más avanzado de América Latina en materia de legislación laboral", señaló el sindicalista, quien alertó sobre las consecuencias de estas medidas.
El titular de la ANEP advirtió que "un pueblo con hambre, sin empleos, al que le quitan paulatinamente su salario y se le encarece la vida, es un pueblo que va a seguir luchando", ya sea mediante mecanismos institucionales a nivel nacional e incluso internacional.
"No nos callarán, seguimos en la lucha por la defensa de nuestros derechos", afirmó el presidente de ANDE, Gilberto Cascante, ante una multitud reunida frente a la Asamblea Legislativa, tras la aprobación en un debate inicial del proyecto de ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas.
La iniciativa, aprobada con 40 votos a favor y 15 en contra, prohíbe a los trabajadores que participen en una huelga ausentarse o separarse injustificadamente para realizar actividades personales o familiares ajenas a los fines que persigue dicho movimiento.
La propuesta impide los paros en servicios declarados esenciales como transporte, salud, judiciales, seguridad, distribución de combustible y otros, y los permite en otros como educación, siempre y cuando se establezca previamente servicios mínimos y con plazos fijos.
La diputada Paola Vega (Acción Ciudadana) calificó de "perversa y violenta" la moción de Muñoz, y José María Villalta (Frente Amplio) señaló que daría lo mismo si una huelga es legal o ilegal, pues igual al trabajador le rebajarían el salario.
"Llegamos a esta legislación para prohibir las huelgas digámoslo claramente, pero se invisibiliza que fue gracias a huelgas también ilegales que el país logró alcanzar una seguridad social y un Código de Trabajo o para tener un aguinaldo o para defender la democracia", expresó Villalta ante el plenario.
La sesión transcurrió en medio de masivas manifestaciones de trabajadores hasta la sede del Parlamento, en contra de la llamada Ley Mordaza.
