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    SANTIAGO (Sputnik) — La familia del exguerrillero chileno Mauricio Hernández, extraditado de Brasil a Chile, rechazó la condena de 30 años que le aplicó la justicia de Chile y anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

    "El fallo del ministro (juez) Mario Carroza claramente no da cumplimiento al compromiso del Gobierno chileno ante Brasil, apelaremos entregando todos los antecedentes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", informó la familia de Hernández a través de un comunicado público.

    Los familiares criticaron la condena de 30 años que el lunes la justicia chilena decretó para Hernández, asegurando que se le debieron abonar los 17 años que el exguerrillero estuvo preso en Brasil.

    "Entre los compromisos establecidos por el Gobierno de Chile ante Brasil se señala que se debe abonar el tiempo cumplido en prisión a las penas a cumplir en Chile, (pero) el fallo de Carroza claramente no da cumplimiento a esto, por lo cual la extradición de nuestro hermano es una ilegalidad", afirmaron.

    Además de recurrir a la Corte Interamericana, los familiares informaron que acudirán también al Supremo Tribunal Federal de Brasil para entregar los antecedentes del caso.

    Hernández, también conocido como el "Comandante Ramiro", fue uno de los líderes del movimiento de resistencia armado Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que luchó contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile.

    En 1993 fue condenado a 40 años de cárcel por el asesinato del senador pinochetista Jaime Guzmán y por el secuestro del hijo del empresario Agustín Edwards, pero en 1996 escapó en un helicóptero junto a otros tres guerrilleros y posteriormente huyó al exterior.

    En 2002 fue capturado en Brasil y fue condenado a 30 años de presidio por el secuestro del empresario de ese país, Washington Olivetto.

    Hace dos semanas, después de muchos años de solicitudes, la justicia chilena finalmente concretó la extradición de Hernández a Chile.

    Existe un tratado de extradición vigente entre Chile y Brasil que obliga al país receptor de un preso extraditado a no condenarlo por una pena más alta de la que cumplía en el país de origen, por esto la justicia chilena no pudo condenar a Hernández a terminar los 37 años de cárcel que le restaban por cumplir por el asesinato de Guzmán y el secuestro de Edwards.

    Etiquetas:
    Chile, Corte Interamericana de Derechos Humanos
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