"Son 178 femicidios al 31 de agosto del presente año", dijo a Sputnik la coordinadora federal de esta organización, Sylvia Ferreyra.
El 30% de las víctimas fueron asesinadas por medio de un arma blanca y otro 26% que fueron atacadas con un arma de fuego, según el estudio que hace Mumalá a partir de la información publicada en los medios de comunicación locales.
Otro 17% de las mujeres fueron asesinadas a golpes; un 13% más por asfixia, y un 8% más quemadas.
Menores víctimas
En consecuencia, 146 menores se quedaron sin madre.
"Siempre destacamos esta cifra porque es una realidad muy contundente que queda en el grupo familiar de las víctimas", explicó la titular de Mumalá.
En octubre de 2018 se reglamentó la ley Brisa, que contempla ayuda económica para las familias que quedan a cargo de los huérfanos víctimas de feminicidios.
Pero de las 460 solicitudes que se han presentado desde entonces, "solo en 85 casos en condiciones de cobrar estos fondos de manera efectiva", reveló Ferreyra.
Denuncias previas
El estudio de Mumalá revela además que el 17% de las mujeres asesinadas habían denunciado a su agresor, y 2% tenían un dispositivo electrónico para pedir ayuda.
En paralelo, 7% de los victimarios pertenecían a alguna de las fuerzas de seguridad del país, y de ellos 60% eran policías.
En cuanto a las víctimas, 6% fueron abusadas sexualmente, y 4% estaban embarazadas.
Casi la mitad de los homicidios, 45%, se cometieron en el hogar de la víctima, y otro 20% en el hogar compartido con el feminicida.
El 47% de las mujeres asesinadas tenían entre 19 y 40 años al momento de perder la vida.
Las provincias con más alta tasa de feminicidios son Chaco (norte), con 2,1 mujeres asesinadas por cada 100.000; Chubut (sur) y Formosa (norte), con dos cada 100.000; Catamarca (noroeste), con 1,4 cada 100.000 y La Pampa (centro), con 1,2 cada 100.000.
Mumalá reclama al Poder Ejecutivo una asignación especial para madres solteras que hayan sido víctimas de violencia de género “porque entendemos las dificultades que hay en estos momentos donde es muy difícil conseguir los fondos mínimos para poder alimentar a los sectores más humildes”, señaló su coordinadora.
También demandan que se declare la emergencia nacional en violencia de género a través de un proyecto que priorice medidas económicas de contención, junto a la posibilidad de que las víctimas puedan alejarse del entorno de violencia en el que vive por medio de alojamientos o refugios habilitados a tal fin.
El Estado debe tener una perspectiva de género en sus políticas públicas en las cuales sean prioritarias las mujeres que tienen personas a cargo y que se encuentran bajo la línea de pobreza e indigencia, de acuerdo a varios movimientos feministas que también reclamaron la emergencia nacional en violencia de género y que se manifestaron a finales de mayo ante el Congreso.
