"Instrúyese a la Agencia de Administración de Bienes del Estado [AABE] para que proceda a la inmediata enajenación de los bienes que ingresen al patrimonio de los organismos del sector público nacional", señala el decreto 598/2019.
El decomiso de esos bienes constituye para el actual Ejecutivo una "herramienta eficiente del Estado ante la persecución e investigación de delitos relacionados, entre otros, con el lavado de activos".
La subasta de esos patrimonios "garantiza el cumplimiento de los compromisos asumidos por la República Argentina a nivel nacional e internacional", sostuvo el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri y por el jefe de gabinete, Marcos Peña.
La AABE informó que las subastas se realizarán "de forma inmediata" a través de subastas públicas y electrónicas en la plataforma Compr.ar, "mecanismo que garantiza la transparencia de la operación".
El Gobierno se basó en la ley de extinción de dominio de Colombia, que tiene rango constitucional, para elaborar el decreto.
El decreto publicado este 30 de agosto se basa en un controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Macri, reglamentado en enero pasado, que autoriza al Estado a decomisar bienes de acusados por delitos de corrupción y narcotráfico, entre otros, incluso sin que tengan sentencia firme por parte de la justicia.
El Ejecutivo argentino atraviesa una de las coyunturas políticas más difíciles desde que comenzó su gestión hace tres años y medio ante la inestabilidad económica que pone en duda la solvencia financiera del país sudamericano.
En un contexto de recesión y una inflación que alcanza el 54,4%, Macri lidia en estos momentos con una baja credibilidad desde que perdió en las elecciones primarias del pasado 11 de agosto ante el peronista Alberto Fernández, que aspira a ganar los comicios generales del próximo 27 de octubre acompañado de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en la fórmula presidencial.
