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    SAN SALVADOR (Sputnik) — El informe final de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), presentado el miércoles, reseña pruebas de que las redes criminales han capturado al Estado y mantienen un esquema de corrupción.

    "El informe Guatemala: un Estado capturado, presenta una interpretación analítica de la captura y cooptación del Estado, así como la distorsión de la institucionalidad de la democracia, realizada por los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), que actúan como redes políticas y económicas ilícitas", informó la CICIG en su web oficial.

    El reporte analiza algunos casos emblemáticos investigados por el Ministerio Público y la CICIG, que confirman la profundidad con que los llamados CIACS han ocupado entidades estratégicas del Estado para sus fines.

    "Las redes de corrupción aún continúan operando en Guatemala, por eso hablamos de Estado Capturado", explicó Matías Ponce, portavoz de la CICIG, mecanismo cuyo mandato expira la próxima semana, tras 12 años de labores en este país.

    Para el jurista colombiano Iván Velásquez, comisionado de la CICIG, recuperar el Estado demandará "una profunda reforma estructural", más allá de la desarticulación puntual de estructuras ilegales.

    Velásquez, a quien el Gobierno del presidente Jimmy Morales prohibió la entrada al país, se despidió de los guatemaltecos a través de una videoconferencia en la cual reiteró los aportes de la Comisión al fortalecimiento de la institucionalidad.

    Durante su mandato, la CICIG propició la desarticulación de 70 estructuras criminales, presentó 120 casos de alto impacto y un centenar de solicitudes de desafuero (retiro de la inmunidad a funcionarios) y unas 1.540 personas fueron sindicadas en investigaciones del Ministerio Público.

    Entre 2007 y 2018, la CICIG apoyó al Ministerio Público en la investigación de estructuras criminales infiltradas en las instituciones del Estado, y muchos de los casos procesados estaban estrechamente relacionados con violaciones de derechos humanos en el país.

    En ese período, los tribunales guatemaltecos empezaron a dictar sentencias contra excomisionados militares, y miembros de la policía y el Ejército, incluyendo sus altos mandos.

    Con la llegada de Morales al Ejecutivo, en 2015, comenzó un cuestionamiento a la labor del mecanismo implementado con apoyo de la ONU, y el 31 de agosto de 2018 el jefe de Estado anunció que no prorrogaría el mandato de la CICIG.

    Etiquetas:
    Iván Velásquez, corrupción, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Guatemala
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