"Me animaría a decir que esta medida de visa resulta inconstitucional debido a que hay un debate jurídico porque hay una norma expresa de la Ley de Movilidad Humana que señala que los nacionales de países sudamericanos pueden ingresar y circular en el territorio ecuatoriano solo con el documento de identidad", dijo el jurista a Sputnik.
El Decreto Ejecutivo 826 que establece a partir del 26 de agosto la exigencia de visa para los venezolanos que quieran ingresar a territorio ecuatoriano se contradice con la Ley de Movilidad Humana "y, obviamente por seguridad jurídica, que es un principio constitucional, no se puede contravenir una norma expresa de una ley", abundó.
Es por esto que el abogado especialista en DDHH y migraciones sostiene que antes de adoptar esta medida se debería "haber modificado la ley", por lo cual la Corte Constitucional ecuatoriana tendrá que debatir y resolver este tema.
El Gobierno estima que para fines de este año 500.000 ciudadanos venezolanos estarán viviendo en Ecuador.
En el primer trimestre de 2019 más de 110.000 personas habían recibido visas y accedido a una condición migratoria regular, señaló el Gobierno en el decreto.
Arcentales Illescas considera que debido a que no se han extinguido los factores de expulsión de Venezuela estos migrantes van a continuar llegando a Ecuador y serán rechazados en la frontera.
"Es un flujo migratorio que va a seguir saliendo, es un tipo de migración forzada, por lo tanto, lo primero que va a ocurrir es el impedimento o rechazo en frontera de toda la gente que no tenga visas", dijo el abogado.
Además, el Gobierno ecuatoriano contará con un "bajo nivel de información y poca claridad respecto a la forma de aplicar la visa".
El experto además planteó la incertidumbre sobre qué sucederá con grupos de atención prioritaria como niños, niñas y adolescentes, familias con niños y personas con discapacidad, debido a que ni el Decreto 826 ni el Acuerdo 103 establecen excepciones a estas poblaciones.
Coordinación regional
Más de cuatro millones de venezolanos dejaron su país desde 2015 huyendo de una grave crisis, según las Naciones Unidas, y la gran mayoría se dirigieron a países vecinos.
Esto se debe al "fracaso de los diálogos de Quito que se venían llevando a cabo y se ha evidenciado desde que se comenzaron a exigir visas en Perú, Chile, Ecuador", comentó.
A instancias de Ecuador, en septiembre del año pasado comenzaron a reunirse los países latinoamericanos concernidos en la ola migratoria venezolana, junto con agencias especializadas de las Naciones Unidas y naciones donantes, en lo que se dio en llamar el Proceso de Quito.
En ese primer encuentro se acordó una recepción del flujo migratorio venezolano con base en la "hermandad" y la "solidaridad" y buscando la "seguridad" de los países receptores y de las poblaciones que migran y que corren riesgo de ser presas del tráfico de migrantes y la trata de personas.
Pero poco después de la cuarta reunión técnica que se celebró en julio de este año en Buenos Aires —y que terminó ratificando el plan de acción y reclamando más recursos a la comunidad internacional para lidiar con la carga—, los gobiernos de Perú, Chile y Ecuador decidieron comenzar a exigir visas a los migrantes venezolanos, en una especie de efecto dominó.
El abogado considera que si bien no se trata de medidas articuladas, cuando un Gobierno ve que el de un país vecino toma la medida, de alguna forma considera que esto lo habilita a hacerlo.
"Esta forma aleatoria de ir respondiendo al flujo migratorio son medidas que van dirigidas hacia lo restrictivo, creyendo que de esa manera se van a ordenar los flujos migratorios, así es como los gobiernos han justificado estas medidas cuando en realidad no es así porque hay un incremento de la población que está irregular" y esto puede llevar a que aumente el tráfico de migrantes y la trata de personas, criticó el abogado.
En forma paralela, el decreto ecuatoriano habilita una "amnistía migratoria" para aquellos venezolanos que ya se encuentren en Ecuador y hayan sobrepasado el tiempo de estadía o no tengan documentos para regularizarse, beneficiando solo a quienes no hayan violado las leyes y hayan ingresado a través de los puntos de control migratorio.
"La amnistía migratoria es bastante limitada, los requisitos que se solicitan es que las personas hayan ingresado con pasaporte y a través de pasos regularizados, lo cual no se adecua al perfil de la población venezolana que está ingresando en los últimos meses", explicó el docente del Programa Andino de DDHH de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Casi la mitad de los migrantes venezolanos que llegaron a este país lo hicieron solamente con su documento de identidad, observó.
Para Arcentales Illescas la mejor forma de proteger los derechos de los migrantes en la región hubiera sido que en los diálogos de Quito se hubiera formulado un tipo de regularización común para todos los países.
Visas turísticas
El canciller ecuatoriano José Valencia anunció el 14 de agosto que su país comenzaría a exigir visado turístico a los ciudadanos de 11 países de África y Asia, con lo cual pasan a ser 23 los estados cuyos connacionales deben tramitar visas ecuatorianas.
El ministro justificó esta medida argumentando que "en los análisis hechos por cancillería se evidencia que el total de extranjeros que permanecen en Ecuador [saldo migratorio] sin una visa, nacionales de esos países, supera en todos los casos el 83%" de los que ingresaron.
Además, observó, Angola, Camerún, Gambia, Ghana, Guinea, India, Irak, Libia, República Democrática del Congo, Siria y Sri Lanka no son países que tengan un flujo migratorio muy elevado en Ecuador.
Sin embargo, son países ante los cuales EEUU "tiene una alta preocupación" y sucede lo que se denomina "externalización de fronteras" debido a que "la frontera no está tanto en EEUU sino en aquellos países que pueden servir de tránsito a EEUU", explicó.
Esto ha puesto en Ecuador en contradicción, pues su Constitución reconoce el derecho de todas las personas a migrar.
"Ecuador reconoce en su marco constitucional el derecho a migrar, no solamente para los ecuatorianos, sino para todas las personas, esto querría decir que cuando se impone una visa a un país al menos debería haber una justificación de por qué se lo hace y en este caso no ha ocurrido", señaló el especialista.
El Gobierno de Venezuela, en el marco del Plan Vuelta a la Patria implementado en agosto de 2018, asegura haber repatriado a unos 15.000 emigrados, la mayoría procedentes de Brasil, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Argentina, Chile, Panamá, Uruguay y Perú.
