"Nos parece irresponsable, por imprudente, el Decreto Supremo N° 3973 del gobierno, del mes de julio pasado, mediante el cual se autorizan las quemas "controladas" de terrenos y el desmonte, pero no se articulan (...) condiciones y mecanismos para el control efectivo de las mismas, lo que favorece los chaqueos ilegales", dijo la Conferencia Episcopal (CEB) en un comunicado.
En aparente réplica, el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, dijo poco después a reporteros que ese decreto no puede ser considerado causa del actual desastre porque las nuevas quemas están autorizadas solo en el departamento de Beni, en el norte amazónico, y no en Santa Cruz (este), donde se localizan los incendios.
Los obispos repitieron casi textualmente los puntos de vista de sectores de oposición y grupos ambientalistas, que culparon al Gobierno por los incendios, que ya han consumido casi 800.000 hectáreas de bosques y pastizales en la región de la Chiquitania o porción norte del Chaco sudamericano.
"Nuestra casa común está herida de muerte pues cerca de un millón de hectáreas de nuestro bosque se consume bajo las llamas", añadieron los obispos, manifestando "indignación y consternación" ante lo que resumieron como "catástrofe resultado de la acción humana".
El ministro Cocarico afirmó, en conferencia de prensa, que los chaqueos están autorizados en el departamento de Santa Cruz desde 2001, por un decreto del Gobierno del exdictador Hugo Banzer.
Paralelamente, tres diputados opositores presentaron el 26 de agosto ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el polémico decreto de las quemas controladas de bosques.
"Ese decreto es el responsable del incendio que arrasa más bosques y pastizales en el oriente del país", dijo uno de los demandantes, el diputado Horacio Poppe, según reportes radiales desde la ciudad sureña de Sucre, sede del Constitucional.
Casi al mismo tiempo, el exdefensor del Pueblo Rolando Villena dijo a reporteros en La Paz que presentará al Parlamento una demanda de juicio de responsabilidades contra Morales, por "biocidio", citando también como "prueba preconstituida" al mismo decreto de julio.
Al mismo tiempo, el senador y candidato opositor Óscar Ortiz dijo en rueda de prensa que envió una carta a Morales pidiéndole que declare desastre nacional y suspenda la difusión de publicidad estatal, para destinar esos fondos a la atención de la emergencia.
Otro candidato opositor, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), afirmó vía Twitter que era "imperativo" que el Gobierno pida ayuda internacional "para tomar acciones urgentes, con experiencia y especialización".
Apoyo el pedido que hace la gobernación de Santa Cruz. Es imperativo que el gobierno pida #AyudaInternacional para tomar acciones urgentes, con experiencia y especialización. Este desastre ambiental supera todo precedente @antonioguterres. @UNFCC @CFigueres
— Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) August 25, 2019
Tanto Morales, quien el 25 de agosto anunció su disposición a recibir ayuda internacional, como Mesa y Ortiz han suspendido temporalmente sus campañas como consecuencia de los incendios.
