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    Protestas contra el proyecto Tía María

    Experta: conflictos mineros en Perú se originan por fallas en institucionalidad

    © REUTERS / Diego Ramos
    América Latina
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    LIMA (Sputnik) — Los conflictos sociales contra proyectos mineros en Perú aparecen por un mal diseño de las instituciones, dijo a Sputnik la abogada experta en temas ambientales Ana Leyva.

    "Lo que está fallando es el diseño de la institucionalidad, que no expresa bien los distintos intereses (en juego en torno de los proyectos mineros) y no permite canalizarlos bien de manera que los derechos de todos estén protegidos. El Estado tiene que conciliar un conjunto de intereses de distintos grupos involucrados y para eso está la institucionalidad que te permite conciliar y tomar decisiones", dijo Leyva, directora de la organización ambientalista CooperAcción.

    Perú está atravesado por conflictos de la explotación minera.

    Los más importantes en la actualidad se encuentran en Arequipa (sur) por el proyecto Tía María, de la empresa Southern Perú para la explotación de cobre, y en Moquegua (sur) por Quellaveco, donde la compañía Anglo American también busca extraer cobre.

    La abogada señaló que en la complejidad de estos conflictos -en los que intervienen el Gobierno central y los regionales y municipales, los sindicatos de trabajadores, la población civil y las empresas mineras-el problema central es de tipo ambiental.

    "La gente está preocupada por el agua. En el caso de Tía María, la conexión entre el agua superficial del río (del valle de Tambo, cercano al yacimiento), y las aguas subterráneas que lo alimentan en época de estiaje no está clara; esto no se establece con claridad en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y se generan dudas por una falla que es institucional", comentó.

    La experta criticó que el Estado no proporcione canales formales para que la población pueda defender sus derechos, entonces "obviamente te movilizas y protestas, pues es lo único que queda".

    Los EIA son evaluados y aprobados por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, adscrito al Ministerio del Ambiente.

    Se trata de un instrumento central para la gestión de proyectos "en un país que desea realizar minería, pero donde los EIA suelen tener fallas", dijo Leyva.

    En el caso de Tía María, a la empresa se le pidió información en el primer EIA que presentó 2010 y esta era insuficiente.

    "A la empresa se le pide información que resulta insuficiente, pero el Estado tampoco produce información necesaria sobre el tema, lo que es otra falla institucional, y entonces viene el temor de la gente de que un recurso como el agua se vea afectado", explicó

    El Gobierno solicitó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios Para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) que evaluara el primer EIA de Southern Perú, lo que resultó en más de 130 observaciones.

    Leyva indica que en el segundo EIA, aprobado en 2014, la empresa aseguró haber resuelto las observaciones de la UNOPS, pero las concernientes a hidrogeología no habían sido contestadas correctamente.

    Ante situaciones como esta, con un EIA aprobado, quedan caminos para fiscalizarlos o corregirlos.

    La Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente tiene dos áreas, la Dirección de Fiscalización y la Dirección de Evaluación Ambiental, que pueden actuar en este terreno, según la experta.

    "La OEFA debe tener todas las facilidades para corregir las observaciones a los EIA. La Dirección de Evaluación Ambiental, que recoge información de línea base sobre el proyecto cuando ésta no existe, y la Dirección de Fiscalización deben estar conectadas, pero esta relación a veces no es muy fluida, entonces otra vez hablamos de fallas institucionales, incluso al interior de un mismo organismo", opinó Leyva.

    Los cambios a los EIA pueden ser a iniciativa de las propias empresas, algunas veces porque quieren ampliar o modificar sus operaciones, o de la OEFA porque observa en las evaluaciones una subestimación de los impactos ambientales.

    Una propuesta para prevenir los conflictos sociales es el fortalecimiento decidido del sistema de evaluación de los EIA, para lo cual es imprescindible tener claras todas las variables que permitan determinar si un proyecto es viable o no, concluyó la experta.

    Etiquetas:
    protestas, minería, Perú
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