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Parlamento ecuatoriano decide el futuro de máximo órgano de contralor

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MONTEVIDEO (Sputnik) — La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Ecuador decidirá si inicia un juicio político contra cuatro de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por pretender revisar la designación de magistrados de la Corte Constitucional, informó la prensa local.

"Nos convoca a este juicio político el poder censurar a funcionarios que han incumplido y tuvieron la pésima decisión de no acatar lo que reza el dictamen de la Corte Constitucional", dijo la legisladora del opositor Movimiento Creo, Jeannine Cruz, citada por el diario La Hora.

La Corte Constitucional había establecido el 8 de mayo que el CPCCS, cuyos miembros actuales fueron elegidos el 24 de marzo, no podrían revisar las decisiones de sus antecesores que fueron elegidos ne forma interina.

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Sin embargo, por una mayoría de cuatro a tres, el CPCCS decidió igualmente revisar el proceso de selección y designación de miembros de la Corte, resuelta por los anteriores e interinos miembros del CPCCS.

El CPCCS es un órgano encargado de la función de 'transparencia y control social', establecido en la Constitución de 2008.

Sus integrantes tienen la obligación de establecer mecanismos anticorrupción y designar al Defensor del Pueblo, al contralor general del Estado, al procurador general, y a las primeras autoridades de la Fiscalía, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo de la Judicatura.

Además, determina los procedimientos de concurso y selección de los magistrados de la Corte Constitucional y los miembros del Consejo de Judicatura.

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En las elecciones del 24 de marzo, resultaron elegidos cuatro integrantes considerados afines al expresidente Rafael Correa (2007-2017) quien mantiene una agria disputa con el actual mandatario Lenín Moreno, que fue su correligionario y vicepresidente durante parte de su mandato.

Los miembros elegidos del CPCCS asumieron sus cargos el 13 de junio.

El pedido de juicio político, ya aprobado en una comisión legislativa y que este 14 de agosto discute el pleno del parlamento, afecta al presidente del órgano, el sacerdote José Carlos Tuárez, y a los consejeros Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez, vinculados al movimiento de Correa.

"La decisión que tomaron los cuatro consejeros se enmarca en el objetivo que tenían ellos: regresar al Estado de impunidad, poder nombrar a las autoridades que les garanticen impunidad a Rafael Correa y a todos los que están siendo procesados en diferentes ámbitos de la justicia y por diferentes motivos", señaló el diputado Raúl Tello, del partido opositor Unidos por Pastaza.

Por su parte, el legislador del movimiento de Correa, Franklin Samaniego, alegó que el CPCCS está bajo "persecución y linchamiento mediático complejo".

"Este juicio político no es más que una desinstitucionalización y una persecución política. Hay una sola causal y es el incumplimiento de funciones, vamos a ver cuáles son los argumentos. Se quiere sostener que con una resolución incumplieron sus funciones, una resolución que nunca causó efecto", agregó.

Moreno y algunos partidos opositores evalúan inclusive una reforma al CPCCS, polémico desde su creación.

El expresidente Correa y sus seguidores, en cambio, aseguran que hay una pretensión de eliminar a un necesario órgano de contralor.

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