"Los derechos de las personas migrantes en Argentina bajo la lupa de Naciones Unidas", anunció la organización de derechos humanos en un comunicado este miércoles.
Aquel DNU, que modificó el espíritu migratorio de la Ley de Migraciones promulgado en 2004, restringe las condiciones de permanencia de los extranjeros y endurece las causales de expulsión.
Si bien "la política migratoria en Argentina ha sido reconocida como un modelo por la comunidad internacional", el nuevo enfoque migratorio trajo una serie de regresiones que "violan los derechos de las personas migrantes y fomentan la discriminación y la xenofobia hacia esta población", valoró la directora de Amnistía, Mariela Belski.
El caso más paradigmático fue el de Vanesa Gómez Cuevas, una enfermera peruana de 33 años de edad y madre de dos niños y un bebé que llevaba 15 años viviendo en el país sudamericana cuando fue deportada y separada de sus dos hijos mayores en febrero pasado por una causa penal por tráfico de drogas que pagó con prisión.
El decreto presidencial también "aumentó las tasas migratorias en un 1000% y creó un complejo sistema que dificulta el acceso a las personas de bajos recursos", observó la institución.
El Comité de Naciones Unidas, que la última vez que revisó las políticas migratorias de Argentina fue en 2011, evaluará el informe de Amnistía en su 31ª sesión que se celebrará entre el 2 y el 11 de septiembre, en Ginebra.
El DNU fue declarado inconstitucional por un tribunal de segunda instancia el año pasado, pero las organizaciones sociales aguardan que la Corte Suprema se pronuncie sobre su validez, mientras el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.