"El fiscal ya solicitó varias medidas de prueba", señalaron desde el entorno judicial.
Esas compañías no habrían destinado las multas a los usuarios, en violación de las normas legales, sino a las prestadoras.
Antes de pasar a la función pública, Garade había trabajado en Edesur y en Edenor.
El fiscal pidió por ello las declaraciones juradas de Garade, a efectos de determinar si en este caso hubo conflicto de intereses.
También solicitó informes al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), organismo que impuso las multas, y a la Procuración de Investigaciones Administrativas
La denuncia, presentada en los tribunales federales de Buenos Aires por el diputado opositor Rodolfo Tailhade, perteneciente a la coalición Frente para la Victoria (FpV), cayó por sorteo en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien le pidió opinión al fiscal Picardi.
Destino de las multas
Al momento de presentar la querella, Tailhade explicó que, en el marco de la emergencia pública decretada en el país, se renegociaron en mayo pasado los contratos de distribución del servicio de energía a través de la firma de actas de acuerdo.
En caso contrario, las sanciones debían ser abonadas, acreditándose esas sumas en las cuentas de los usuarios.
Las multas impuestas por ENRE a las empresas concesionarias por deficiencias en la calidad del producto, con destino a usuarios individuales, podrían ser redireccionadas a inversiones adicionales para mejorar la calidad del servicio de distribución solo si la calidad del servicio semestral fuera superior a la calidad media de referencia.
Pero en los semestres posteriores a la firma de las actas, las concesionarias no lograron mantener una calidad del servicio superior a la calidad media, motivo por el cual la casi totalidad de las sanciones impuestas a las concesionarias con destino a usuarios deberían haber sido abonadas por estas a los respectivos usuarios, se indica en la denuncia.
La denuncia considera que los montos de las multas deberían haber sido abonados a los usuarios perjudicados por el accionar de las concesionarias.
Tailhade estima en 35.000 millones de pesos (760 millones de dolares) las multas que recibieron Edenor y Edesur, lo que equivale a 7.000 pesos (152 dólares) por usuario.
El Gobierno, en cambio, reconoce 7.000 millones de pesos (152 dólares), 1.200 pesos (26 dólares) por usuario.
El Ejecutivo, "con la finalidad de beneficiar de manera ilegítima a las empresas, ha modificado unilateralmente el destino de las multas que corresponden ser acreditadas en la cuenta de los usuarios individuales", por lo que se concluye "que se han malversado fondos, dirigiéndolos hacia las concesionarias y sustrayéndolos a los usuarios", indica la denuncia.
La actual administración optó por reducir los subsidios del Estado a los servicios públicos para adecuarlos al precio del mercado, con el objeto de eliminar las ayudas para 2020.
