"Mi compromiso con Puerto Rico es más fuerte que nunca (...) El pueblo de Puerto Rico puede estar tranquilo de que su gobierno está en buenas manos", aseguró Pierluisi en rueda de prensa desde La Fortaleza, sede del Ejecutivo.
El nuevo gobernador, confirmado por la Cámara de Representantes, agregó que el próximo miércoles 7 de agosto el Senado reanudará la evaluación de su nombramiento y que si lo rechaza, el cargo corresponderá por mandato constitucional a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.
Pierluisi fue propuesto por Rosselló como secretario de Estado, cargo confirmado este viernes por la Cámara de Representantes con 26 votos a favor y 21 en contra, pero pendiente aún de la aprobación del Senado, donde la nominación es cuestionada por presuntos conflictos de intereses.
El nombramiento también es cuestionado por políticos y abogados que consideran que debió ser juramentada Vázquez, hasta que el Senado confirmase o rechazase la designación de Pierluisi como secretario de Estado.
Pierluisi, quien fue secretario de Justicia (1993-1997) y presidente del Partido Nuevo Progresista (2013-2016), fue juramentado por la jueza Luisa Colón, tras lo cual aseguró que asumía el cargo con el "mayor respeto al pueblo y sistema de gobierno".
"Si (los senadores) ratifican, se acaba cualquier controversia y si no ratifican, entonces, la secretaria de Justicia (Vázquez) asumirá el cargo", insistió el político de 60 años, quien anunció una reunión este sábado con el gabinete de gobierno y el domingo con el equipo económico y fiscal.
Bathia responsabilizó de la situación al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, por posponer la consideración del nominado hasta después de que Rosselló saliera de la Fortaleza, para "poder gobernar desde el caos".
Rivera Schatz programó para el miércoles la votación en el Senado, aunque auguró que Pierluisi no tendría los votos necesarios para ser confirmado como secretario de Estado.
Rosselló anunció su dimisión a 18 meses de terminar su mandato.
Un comité de juristas dictaminó que en las conversaciones filtradas había base para un juicio político o "residenciamiento" contra Rosselló, quien también renunció a la presidencia del PNP a raíz del escándalo.
