"Sr. Pompeo si quiere hablar de DDHH comience por casa, Venezuela no mantiene un Guantánamo, un Abu Grahib (prisión en Irak), ni centros de torturas clandestinos en el mundo, ni bombardea civiles, no tenemos manuales de tortura y es SU presidente, no el nuestro, quien avala esas violaciones", indicó Arreaza en la red social Twitter.
Sr @SecPompeo si quiere hablar de DDHH comience por casa. Venezuela no mantiene un Guantánamo, un Abu Grahib, ni centros de torturas clandestinos en el mundo, ni bombardea civiles. No tenemos manuales de tortura y es SU presidente, no el nuestro, quien avala esas violaciones https://t.co/0n5Lgvm4sI
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) August 2, 2019
Este 2 de agosto, EEUU introdujo nuevas sanciones, en esta ocasión contra Iván Rafael Hernández Dala, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de las Fuerzas Acciones Especiales (FAES).
De acuerdo, a una nota del Departamento de Estado estos funcionarios y sus familiares no podrán ingresar al territorio estadounidense.
El funcionario de EEUU además indicó que esos actos de violación a los DDHH, fueron documentados en el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tras su visita a Caracas.
El pasado 4 de julio, la expresidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018) hizo público un informe con las conclusiones de la visita que realizó a Venezuela entre el 19 y el 21 de junio, asegurando que en ese país existe una "estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política".
Por su parte, el Gobierno venezolano entregó el 12 de julio una carta del presidente Maduro dirigida a Bachelet, en la que calificó el informe presentado sobre su país como un peligroso eslabón para la intervención.
El Ejecutivo había presentado previamente 70 observaciones en las que afirma que el documento carece de objetividad, posee imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones.
La Alta Comisionada en su informe de 18 páginas expone presuntas violaciones al derecho a la salud, así como vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales, entre otros.
