"El Estado tiene la obligación de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables (...) Resulta inadmisible que para la justicia argentina nadie sea responsable por la muerte de Santiago Maldonado. Las autoridades judiciales deben asegurar una investigación exhaustiva, imparcial e independiente para determinar las causas y el contexto de su muerte", afirmó Amnistía Internacional en un comunicado.
Su cuerpo apareció más de dos meses después, el 17 de octubre, en el río Chubut (sur), atrapado en un ramaje a unos 400 metros del lugar donde se lo vio con vida por última vez.
El 29 de noviembre, el juez Gustavo Lleral decretó el cierre de la investigación, determinando que no existió desaparición forzada.
"Los hechos que se presentaron no constituyen delito (...) Santiago murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo", manifestó el juez en su fallo.
"Desvincular la muerte de Santiago Maldonado del operativo de fuerzas de seguridad en el cual se produjo puede dejar este caso en la impunidad y enviar una señal sumamente equívoca para los derechos humanos en la Argentina", agregó la organización.
La familia de Santiago Maldonado, quien murió a los 28 años, convocó a marchar en Buenos Aires para evitar el cierre de la causa.
"A dos años de la desaparición forzada y seguida de muerte de Santiago, quiero convocarlos para el jueves 1 de agosto a las 17 horas para pedir no el cierre de la causa y basta de impunidad", afirmó Sergio Maldonado, hermano de la víctima, en un video difundido en redes sociales.
La desaparición del joven conmocionó a todo el país y fue uno de los temas candentes de las elecciones legislativas que se celebraron ese año, con acusaciones de que había sido asesinado y su cuerpo ocultado por agentes del Estado.
La autopsia, de la que participaron 55 peritos, concluyó que Maldonado "falleció por ahogamiento en las aguas del río Chubut, coadyuvado por hipotermia".
El caso, en un país en el que la desaparición forzada fue una política de Estado de la última dictadura militar (1976-1983), se convirtió en una de las situaciones más controvertidas de la gestión del Gobierno de Mauricio Macri.