En directo
    América Latina
    URL corto
    0 01
    Síguenos en

    SAN SALVADOR (Sputnik) — La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dejará de ser querellante en los casos que lleva junto al Ministerio Público de ese país de cara al inminente fin de su mandato, informó el portavoz de la institución internacional, Matías Ponce.

    "Considerando la no renovación del acuerdo de la CICIG y que su mandato vence el próximo 3 de septiembre, la Comisión está trabajando en un proceso de transición", afirmó Ponce, consigna la comisión en su cuenta de la red social Twitter.

    Dicha transición, agregó, incluye "comenzar a retirarse como querellante adhesivo de procesos judiciales en los que se encuentra apoyando al Ministerio Público; no obstante, el apoyo técnico en el litigio continuará hasta el fin del mandato".

    La Cicig ha investigado decenas de casos de corrupción en el país y en varias ocasiones intentó que se le quitaran los fueros al presidente Jimmy Morales, a quien acusaba de financiamiento electoral ilícito.

    Eso ha derivado en un enfrentamiento entre el órgano creado en 2006 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno guatemalteco, al punto de que el mandatario puso fin por adelantado el mandato de la comisión.

    Uno de los últimos escándalos destapados por la CICIG fue la revelación de una red de corrupción en el Ministerio de Salud Pública, responsable del presunto robo de siete millones de dólares entre 2012 y 2014.

    Entre 2007 y 2018, la CICIG apoyó al Ministerio Público en la investigación de estructuras criminales infiltradas en las instituciones del Estado, y logró presentar más de 100 casos, varios de estos estrechamente relacionados con violaciones de derechos humanos en el país.

    En ese período, los tribunales guatemaltecos empezaron a dictar sentencias contra excomisionados militares, y miembros de la policía y el Ejército, incluyendo sus altos mandos.

    Con la llegada del presidente Jimmy Morales al poder, en 2015, comenzó un cuestionamiento a la labor del mecanismo implementado con apoyo de la ONU, y el 31 de agosto de 2018 el jefe de Estado anunció que no prorrogaría el mandato de la CICIG.

    La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, tampoco adoptó las medidas para garantizar la continuidad de entes como la Fiscalía Especial contra la Impunidad, lo cual amenaza más de 70 casos conjuntos.

    La organización Amnistía Internacional advirtió sobre un retroceso de Guatemala en materia de derechos humanos y acceso a la justicia, debido a las acciones en contra de la CICIG.

    "El acceso a la justicia está recibiendo fuertes golpes de los que Guatemala no podrá recuperarse si no se toman medidas ahora; es necesario detener inmediatamente las acciones impulsadas por las más altas autoridades del país y asegurar que cada uno de los casos de violaciones de derechos humanos lleguen a la justicia", alertó la directora para Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.

    Amnistía Internacional alertó que el cese de la CICIG y el debilitamiento de las instituciones de justicia y de derechos humanos permiten a las estructuras criminales continuar violando la ley en toda impunidad e incrementa el riesgo de ataques contra defensores de los derechos humanos.

    Etiquetas:
    fiscalía, derechos humanos, Guatemala, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
    Normas comunitariasDiscusión
    Comentar vía SputnikComentar vía Facebook