"Se presentó la imputación en contra del alcalde municipal de La Paz, en el caso del relleno sanitario", dijo el fiscal principal de La Paz, William Alave, en conferencia de prensa.
Revilla replicó casi de inmediato calificando al proceso como motivado políticamente para dañar su imagen y favorecer al Gobierno del presidente Evo Morales en plena campaña hacia las elecciones generales convocadas para el 20 de octubre.
Según el procedimiento penal boliviano, un juez deberá decidir esta misma semana, en base a la resolución del fiscal, si corresponde o no una detención preventiva del alcalde, principal aliado del candidato opositor y expresidente Carlos Mesa (2003-2005).
Una orden de detención implicaría la suspensión del alcalde durante el proceso, que podría durar meses o hasta años.
Alave dijo que el proceso contra Revilla se basa en "indicios de responsabilidad en contra del burgomaestre que se subsumen al incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública" por el colapso del vertedero que provocó, además, la suspensión del servicio de recogida de basura por más de un mes.
A esto se sumaba el antecedente de una sentencia del Tribunal Constitucional, de hace tres meses, que estableció indicios de responsabilidad penal del burgomaestre en el manejo de la llamada "crisis de la basura".
El fiscal apuntó que su oficina tiene pruebas de que el alcalde paceño fue advertido por la empresa operadora del vertedero, con por lo menos un año de anticipación, sobre el riesgo de que la sobrecarga de ese depósito de basura provocara un derrame de grandes proporciones, como finalmente ocurrió.
Revilla respondió, también en conferencia de prensa, que hasta la tarde del 20 de julio no había sido notificado oficialmente de la decisión del fiscal, pero igual la consideraba "influenciada por el Gobierno".
"Las instancias judiciales influenciadas por el partido de Gobierno y los dirigentes políticos del partido de Gobierno aprovecharán estas circunstancias para insistir en dañar la imagen del alcalde, así que no me extraña", afirmó.
Este no es el único proceso judicial que enfrentan Revilla y su entorno.
La semana pasada, la Fiscalía abrió una investigación sobre supuestos desvíos de fondos municipales en una campaña pro derechos femeninos que realizó una fundación dirigida por la esposa del alcalde, Marycruz Rivera.
Entonces como ahora, Revilla dijo que fiscales y jueces actuaban al servicio del Gobierno.
