"Amnistía Internacional considera que la reforma constitucional propuesta (…), que habilitaría entre otros extremos a las fuerzas militares a cumplir funciones regulares de seguridad pública, se halla en contradicción a los estándares internacionales de derechos humanos que Uruguay debe observar", reza el texto.
La iniciativa también propone habilitar los allanamientos nocturnos con la autorización de un juez, la creación de la pena de reclusión permanente para delitos graves y con sentencia firme, y la eliminación de determinados beneficios liberatorios para condenados.
La propuesta, difundida con el nombre "Vivir sin miedo", es impulsada por el senador y exprecandidato presidencial del opositor Partido Nacional (conservador), Jorge Larrañaga.
Amnistía sostuvo que la creación de la Guardia Nacional es "desaconsejable".
Asimismo, señaló que Uruguay ya tenía en 2016 una "cifra alta" de efectivos policiales (421 cada 100.000 habitantes), que supera a la de países como Colombia, México o El Salvador.
Además, dijo que este país sudamericano ya cuenta con cuerpos policiales "formados y especializados" como es la Guardia Republicana, que cuenta con las mismas funciones que el proyecto de reforma asigna a una Guardia Nacional.
La organización advirtió que la militarización de la seguridad ha generado nuevas situaciones de violencia y graves violaciones de derechos humanos en países de como México y Brasil, por lo que "la evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad a la población".
Asimismo, consideró que no es "recomendable" la pena de prisión perpetua revisable a partir de transcurridos 30 años.
Uruguay es parte del Estatuto de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional, el cual exige que una pena de este tipo sea revisable a los 25 años, recordó Amnistía.
"Igualmente, el texto planteado no parece impedir la aplicación de esta pena a menores de 18 años, algo expresamente prohibido por la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado en el que Uruguay también es parte", agregó.
Amnistía Internacional aconsejó cambiar de un enfoque punitivo y de militarización a uno "respetuoso" de los derechos humanos.
En 2018 se registraron en Uruguay 414 homicidios, cifra récord para este país sudamericano, que supuso además un incremento de 45,8% respecto del año anterior.
Uruguay tiene además casi 11.000 presos y una tasa de 333 reclusos cada 100.000 habitantes, por lo que este país se ubica en el lugar 28 del ranking mundial de proporción de población carcelaria.
