"Desde el punto de vista del Estado, ha sido una respuesta totalmente alejada de una posible reparación a las víctimas", dijo en diálogo con Sputnik la directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky.
En este proceso de reparación es tan relevante conocer la verdad como la oportunidad de juzgar a los autores intelectuales y materiales, planteó la abogada de derechos humanos.
"Aunque sea difícil llevar a juicio a los responsables del atentado, tampoco hay una reconstrucción de la verdad porque el Estado se encargó de desviar la investigación y ya es difícil reconducirla a una recopilación de los hechos, como quién puso la bomba o con qué conexión local", dijo.
Tampoco la Constitución argentina permite juzgar a acusados en ausencia.
"El punto principal de la causa es que no están dadas las condiciones para que se realice un juicio en ausencia porque no hay pruebas relevantes de que se condene a nadie", constató la directora de Justicia y Seguridad del CELS.
La causa principal sobre el atentado a la AMIA sigue abierta, pero no se produce ningún tipo de avance, ratificó la institución querellante.
Las últimas novedades provinieron de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFI AMIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, "que en su conformación anterior arrojó datos importantes sobre la víctima 85 y sobre el ADN del conductor de la camioneta Trafic (que supuestamente detonó en la sede de la mutual)", detalló Litvachky.
Esto da la pauta de que nunca se encaró ninguna investigación seria, pues esta estuvo desde el inicio marcada "por intereses y lógicas cruzadas de los servicios de inteligencia, de acuerdo a los datos que tiene la fiscalía, pues apareció información de inteligencia sin que se pueda saber a ciencia cierta qué es verdad y qué mentira", sostuvo la abogada.
La UFI AMIA está en manos de un controvertido fiscal, Sebastián Basso, cuya tía fue la jueza María Luisa Riva Aramayo, ya fallecida, cuestionada por haber estado involucrada en el desvío de la investigación del atentado, según el CELS y la organización Memoria Activa, integrada por familiares de víctimas del atentado.
También ese organismo cayó en descrédito cuando su entonces director, el exsenador Mario Cimadevilla, acusó al ministro de Justicia, Germán Garavano, de intentar deslindar de sus responsabilidades a los fiscales encargados de la investigación que fueron condenados por encubrimiento el pasado mes de febrero, Eamon Mullen y José Barbaccia.
Garavano degradó la Unidad al colocarla en marzo de 2018 bajo la esfera de la Secretaría de Derechos Humanos, momento a partir del cual el organismo "dejó de tener relevancia para que el Poder Ejecutivo avanzase en la investigación del atentado", indicó Litvachky.
Pese al letargo de la causa principal del atentado, otros procesos se abrieron paso gracias a los familiares de las víctimas, que desde hace 25 años buscan justicia por el ataque que hizo volar el edificio de siete pisos de la AMIA situado en la calle Pasteur del barrio de Once, terminando la vida de 86 personas, incluido el perpetrador del ataque, y dejando unos 300 heridos.
"Conexión local"
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 3 comenzó el pasado 8 de mayo un nuevo juicio por la denominada "conexión local" del atentado contra el abogado Carlos Telleldín, exvendedor de partes de automóviles.
Telleldín, acusado de entregar la camioneta Trafic que supuestamente estalló en la mutual judía, fue condenado a tres años y seis meses de prisión por peculado en otro juicio que a finales de febrero absolvió al expresidente Carlos Menem (1989-1999) de encubrimiento de la investigación de atentado.
En ese debate oral, que condenó a ocho de los 13 acusados en el expediente, se investigaron las irregularidades del proceso inicial de la pesquisa, cuando se intentó averiguar quiénes eran los responsables del atentado, una operación en la que participaron jueces, fiscales, agentes secretos y policiales.
La justicia consideró probado que Telleldín había aceptado 400.000 dólares del entonces juez Juan José Galeano (también condenado en febrero), provenientes de fondos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) para inculpar a cuatro policías de la provincia de Buenos Aires como integrantes de un presunto grupo local que prestó logística para el ataque, de allí el nombre de "conexión local".
Galeano condujo un primer y fallido juicio sobre el ataque; en 2003 fue apartado y dos años después destituido; en febrero recibió la pena de seis años de prisión por peculado, prevaricato, privación ilegal de la libertad agravada, encubrimiento y violación de medios de prueba.
Quien era jefe de inteligencia del Gobierno de Menem, Hugo Anzorreguy, recibió una pena de cuatro años y seis meses de cárcel, mientras que el entonces subsecretario de la entonces SIDE, Juan Carlos Anchezar, y el entonces comisario de la Policía Federal, Carlos Antonio Castañeda, fueron condenados a tres años de reclusión.
Además de Menem, fueron absueltos el excomisario de la Policía Federal, Jorge "Fino" Palacios, el expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Rubén Beraja, el exagente de inteligencia Patricio Finney y el abogado Víctor Stinfale.
Ni la DAIA ni el Estado, pese a ser querellantes, presentaron acusaciones contra los exfiscales Mullen y Barbaccia, que fueron condenados a dos años de prisión en suspenso.
Todas estas sentencias no quedarán firmes hasta que no sean confirmadas en segunda instancia.
El juicio mostró "cómo varios estamentos del Estado se coordinaron para desviar la investigación del atentado, y esto derivó en la situación actual, que es la causa por el atentado en sí mismo, que se encuentra paralizada y sin que se pueda llegar a la verdad, por lo que no se puede reconstruir lo que sucedió en el atentado", resumió Litvachky.
¿Otro encubrimiento?
En paralelo, el Tribunal Oral Federal 8 elevará a juicio en una fecha todavía a determinar la causa en la que está procesada por encubrimiento agravado la expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner (2007-2015) por supuestamente encubrir a los acusados iraníes mediante la firma de un memorándum de entendimiento con Irán.
La acusación contra la exmandataria se basa en un memorándum de entendimiento que su Gobierno firmó en 2013 con el entonces presidente iraní Mahmud Ahmadineyad para autorizar interrogatorios de los funcionarios iraníes acusados del atentado sobre los que penden pedidos de captura internacional.
El documento nunca entró en vigencia porque no fue ratificado por el parlamento iraní y fue después declarado inconstitucional por la justicia argentina.
Por este caso Bonadio pidió en diciembre de 2017 la retirada de fueros parlamentarios y la inmediata detención de Fernández ante el riesgo de que pudiera "entorpecer el accionar judicial" del caso, pero el Senado se negó a tramitar el pedido.
El presidente de la AMIA, Agustín Zbar, se mantiene alejado de la institución que dirige desde que solicitara a otra de las instituciones judías más importantes, la DAIA, que desistiera de impulsar esta causa contra Fernández.
Zbar sostuvo en un principio que a la DAIA se le había sido solicitado verbalmente en muchas ocasiones desistir de sumarse a ese proceso y que su afán era preservar a la comunidad judía.
Pero después se retractó de su postura y se distanció "de manera indeclinable" de la dirigencia del organismo.
CIDH
El CELS, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Memoria Activa presentaron en 1999 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino por vulnerar los derechos humanos de las familias y sobrevivientes y por impedirles el acceso a la justicia.
El proceso de solución amistosa que se abrió a partir de esa instancia quedó trunco en 2009 ante el incumplimiento de las obligaciones del Estado, salvo en lo que concierne al juicio por el encubrimiento del ataque, "que se dio solo en 2019 tras un esfuerzo inmenso de las víctimas y los familiares", recordó Litvachky.
A través de esta instancia con la CIDH, el Estado argentino ha sido interpelado en varias ocasiones, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y en el actual de Macri.
"Hoy todavía las respuestas del Poder Ejecutivo implican una utilización política del caso con un alto nivel de cinismo en algunos casos y muy poca consideración sobre la situación de las víctimas y sus familiares", sentenció la abogada de derechos humanos.
La CIDH podría publicar un informe sobre el caso antes de fin de año, según estima el CELS.
La institución espera a su vez que la causa sea elevada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que interpreta y vela por el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y puede condenar a los estados que violan el sistema interamericano de justicia.
