"Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declara infundada inhibición presentada por juez supremo Jorge Castañeda para ver casación presentada por Keiko Fujimori. Tribunal programa vista de causa el 24 de julio a las 08:30 (hora local, 13.30 GMT)", informó el Poder Judicial en su cuenta en la red social Twitter.
#LoÚltimo. Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declara infundada inhibición presentada por juez supremo Jorge Castañeda para ver casación presentada por Keiko Fujimori. Tribunal programa vista de causa el 24 de julio a las 08:30. pic.twitter.com/un6svKvMqU
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) 16 de julio de 2019
El 5 de julio pasado estaba programada una audiencia en la que la Sala Penal Permanente iba a ver el pedido de casación para la prisión que Fujimori viene afrontando desde octubre de 2018.
La Sala estaba conformada por 5 magistrados, que es el número que por ley se requiere para atender un pedido.
Sin embargo, dicho día el juez supremo Jorge Castañeda pidió inhibirse debido a una investigación periodística publicada el 15 de julio por el medio IDL-Reporteros y que revelaba presuntos nexos con una mafia.
IDL-Reporteros reveló un audio en el que Castañeda sostenía una conversación con el exjuez supremo César Hinostroza; ambos hablaban de "resolver" un acuerdo.
El exjuez Hinostroza está actualmente detenido en España a la espera de ser extraditado.
La Fiscalía sindica a Hinostroza como cabecilla de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto, una mafia compuesta por jueces, fiscales, políticos y empresarios.
Esta organización funcionaba al interior del sistema judicial peruano, dedicándose a delitos como tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos.
La Fiscalía sostiene que Los Cuellos Blancos del Puerto tiene vínculos con miembros de Fuerza Popular, incluyendo a Keiko Fujimori.
Por el escándalo que se originó por el audio revelado, Castañeda decidió inhibirse, una decisión que, sin embargo, tenía que ser evaluada por los restantes miembros de la Sala Penal Permanente, quienes decidieron no aceptarla.
Keiko Fujimori fue condenada a 36 meses de prisión preventiva en octubre pasado a pedido de la Fiscalía, la cual sostiene que recibió dinero ilícito de Odebrecht para financiar su campaña a la presidencia en 2011; algo que configuraría delito de lavado de activos.
La defensa de Fujimori indica que la medida carcelaria contra la líder de Fuerza Popular estuvo marcada por vicios procesales, razón por la cual está pidiendo la casación.
